Tras las pruebas
presentadas por el Ministerio Público (MP), fueron condenados a ocho años de
prisión el comisario jefe de la
Brigada contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Anaco, estado
Anzoátegui; y cinco funcionarios más, luego que éstos admitieran haber alterado
actas en perjuicio de dos detenidos, el 09 de junio de 2010
Los
fiscales 26° nacional y 5° de la mencionada jurisdicción, José Miguel Medina y
María Martínez, respectivamente, presentaron
los órganos de prueba contra el comisario jefe Antonio Manzanilla Acuña; y los
funcionarios Anderson Acosta, Edis López, Emilio Prieto, Rafael Barreto y
Héctor Martorelli, por la comisión de los delitos de asociación para delinquir,
concusión, acto falso por funcionario público, falsa atestación y obstrucción a
la administración de justicia.
Dichos
delitos están previstos y sancionados en las leyes Orgánica contra la Delincuencia Organizada,
contra la Corrupción
y en el Código Penal.
Antes
del inicio del debate oral, los seis funcionarios admitieron su responsabilidad
en el Tribunal 1° de Juicio de Anzoátegui, instancia que dictó la referida
condena y fijó como sitio de reclusión la sede de la Policía de Anaco, mientras
un Tribunal de Ejecución decide dónde cumplirán la pena.
La
investigación se inició cuando familiares de dos detenidos denunciaron ante el
MP que funcionarios de la referida Brigada del Cicpc, habían forjado y alterado
las actas de entrevista, en las cuales se atribuían responsabilidades a dos
hombres detenidos por el homicidio de un ciudadano ocurrido el 24 de mayo de
2010, en la población de Cantaura.
De
acuerdo con la investigación, el 9 de junio de 2010, los funcionarios, habrían ocultado
armas entre las pertenencias de dos personas que se encontraban en el sector
Libertador de Cantaura, a fin de solicitarle la cantidad de 100 mil bolívares a
cambio de su libertad.
Una
vez que fue realizada la detención de los dos hombres, los funcionarios habrían
levantado actas policiales con testigos falsos, quienes al ser ubicados,
negaron su participación en el proceso de aprehensión.
En
ese sentido, como parte de la investigación, se logró entrevistar a los
presuntos testigos, a quienes se les realizaron muestras manuscritas y de
huellas dactilares, experticias que determinaron que no habían firmado las
actas.
Todo
ello obligó a que fuese coordinada la detención de esos seis funcionarios en
forma conjunta con la
Dirección Regional del Cicpc de Anzoátegui, la cual fue
materializada en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el
Ministerio Público y acordadas por el Tribunal 1° de Control de ese estado.
Cabe
destacar que por este mismo caso, el pasado 15 de agosto fueron imputadas las
exfiscales 14° y auxiliar del estado
Anzoátegui, Gabriela Santana y Raquelita Herrera, respectivamente, quienes para
la fecha del acto de imputación se encontraban activas dentro del Ministerio Público.
Los
fiscales del caso imputaron a las dos exfuncionarias por la presunta comisión
de los delitos concusión en grado de cómplice necesario y asociación para
delinquir.
La
audiencia se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía 5° de esa jurisdicción en materia contra
la Corrupción,
con sede en Puerto La Cruz.
Siguenos a traves de nuestro twitter @elparroquiano
.jpg)
