El Ministerio Público logró privativa de libertad para
Maury Armas, oficinista del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital,
ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas, quien fue aprehendida el pasado
22 de enero por su presunta responsabilidad en el cobro y falsificación de trámites.
En
la
audiencia de presentación, el fiscal de la sala de flagrancia del Área
Metropolitana de Caracas (AMC), Eduardo Mora, imputó a Armas por la
presunta
comisión de los delitos de corrupción pasiva propia, forjamiento de
documento
público y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra la
Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, el Tribunal 18° de
Control del AMC, con base en los elementos de convicción expuestos por el
fiscal, dictó la medida privativa de libertad para la mujer y fijó como sitio
de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, mientras se
cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.
Asimismo,
el representante del Ministerio Público imputó a los funcionarios del referido
registro Orlando Escalante, Rafael Pérez y Mary Dos Santos, por presuntamente
incurrir en los delitos de corrupción pasiva propia y asociación para delinquir.
Mientras
que el funcionario Cristóbal Blanca fue imputado por los delitos de expedición
de documento falso, falsificación de documento y asociación para delinquir.
Sin
embargo, el referido tribunal dictó medidas cautelares de presentación periódica
para las cuatro personas y prohibición de salida del AMC.
Adicionalmente,
cada uno deberá presentar dos fiadores con un ingreso mensual no menor a 80
unidades tributarias para la cancelación de una fianza.
Vale
destacar que el fiscal apeló las referidas medidas respecto a Blanca, Pérez y
Dos Santos, y solicitó aplicar el efecto suspensivo de la medida hasta tanto
una instancia superior se pronuncie.
De acuerdo con la investigación,
Armas habría solicitado la cantidad de 1.500 bolívares para habilitar las
copias certificadas de un documento, las cuales fueron entregadas con la firma
forjada del registrador y una carátula falsa.
El 22 de enero, funcionarios del
Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
Justicia y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron en
el mencionado registro y observaron diversas irregularidades, entre las cuales
se encuentran formatos modificables de bauches bancarios y otras planillas
propias de ese ente en las computadoras de los funcionarios.
Seguidamente, los cinco funcionarios fueron aprehendidos y
puestos a la orden del Ministerio Público.
Vale
destacar que la fiscal 20º nacional, Katherine Haringhton, coordina las
actuaciones del resto de los fiscales del Ministerio Público encargados de
casos de este tipo.
(Con informacion de prensa Ministerio Publico)
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