(Caracas, 04 de febrero de
2014) La fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, considera que en Venezuela se
vive una guerra económica manifestada en la usura, especulación, acaparamiento y la
desestabilización económica que ha generado alzas de precios y escasez de algunos productos,
obligando al Estado venezolano a actuar de manera cohesionada para enfrentar
esa situación y dar bienestar a todos los venezolanos.
Durante la instalación de la “Jornada sobre la ley
Orgánica de Precios Justos: Aspectos Administrativos y Penales”, efectuada en
el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida
México de Caracas, la máxima representante de la institución enfatizó que el
Estado debe prepararse para afrontar esa lucha, pero hacerlo en conjunto con el
apoyo de la población.
En ese sentido, se refirió a los alcances de la citada
normativa promulgada en el marco de la Ley Habilitante
por el presidente de la
República, Nicolás Maduro, la cual contempla 15 tipos
penales.
Dijo que de ellos, tres
tienen carácter novedoso, como son: la desestabilización económica, la reventa
de productos de primera necesidad, aplicado a las personas que no compran
productos para consumirlos, sino por el contrario para venderlos a mayor precio, y la corrupción entre particulares, situación
que no estaba prevista en la legislación venezolana.
Dichos delitos están previstos en los artículos 56, 57 y 64 del
mencionado instrumento legal.
Agregó que en la mencionada ley también se encuentran previstos y
sancionados la usura, acaparamiento, contrabando de extracción, especulación y
alteración fraudulenta de los precios, entre otros delitos.
Ortega Díaz, quien también preside el Consejo Moral
Republicano, precisó la importancia histórica que tienen los fiscales asignados
para aplicar la Ley
Orgánica de Precios Justos, lo cual calificó como un
compromiso de Patria en el que debe prevalecer la seriedad, responsabilidad y
honestidad.
Recalcó el rol fundamental
de la actitud de los venezolanos para denunciar los delitos.
Por ello pidió a la ciudadanía denunciar todos los casos
de acaparamiento, usura y especulación sobre los que tengan conocimiento, y
también advirtió a las personas que ejercen el comercio o actividades
económicas a apegarse a la ley y a no incurrir en hechos para crear
desestabilización en el país.
“Los funcionarios se están preparando muy bien, tienen
claridad en lo que van a hacer, y además
tienen ética, moral y probidad para garantizar transparencia en el
proceso; también serán implacables en la aplicación de la ley que contempla
delitos con penas hasta de 14 años”, indicó.
Por otro lado, exhortó a los venezolanos a no realizar
compras nerviosas, puesto que esa situación genera escasez de productos.
La Fiscal General considera que la población debe conocer el contenido de la Ley Orgánica de
Precios Justos, por lo que los asistentes a la jornada se convertirán en
multiplicadores.
Asimismo, recordó que el Ministerio Público cuenta con fiscalías superiores y unidades de
atención a la víctima en todos los estados del país, para atender cualquier
denuncia o caso relacionado con delitos de este tipo; además está disponible la
línea telefónica 0800 FISCA-00 (0800- 34722- 00).
Igualmente, la máxima representante del Ministerio
Público informó que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socio Económicos ha dispuesto los
números 0800-SABOTAJE (0800-72268253) y
0800-RECLAMO (0800-7325266).
En ese sentido, manifestó
que una de las cosas que ha distinguido a este Estado, que nació hace 15 años,
ha sido la comunicación del pueblo con las autoridades, instituciones y quienes
lo representan.
La jornada congregó a la superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos
Socio Económicos, Andreina Tarazón; el ministro de Transporte Aéreo y Acuático,
Hebert García Plaza, quien además preside el órgano Superior para la Defensa de la Economía; el intendente
de Precios Justos, Luis Motta Domínguez; el director general de Actuación
Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza; y fiscales de todas las
instituciones.
En el lapso previsto por la Ley
Al ser consultada sobre la muerte de la actriz Mónica
Spear y de su pareja Thomas Henry Berry, la Fiscal General señaló
que el Ministerio Público aún se encuentra dentro del lapso previsto por la ley
para realizar la presentación del acto conclusivo en relación con los ocho
adultos que se encuentran privados de libertad.
Informó que por este caso ya fueron acusados dos
adolescentes, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes (Lopnna), por lo que la audiencia preliminar fue fijada
para el próximo 06 de febrero.
La investigación es llevada por los fiscales 2º nacional
y 8º del estado Carabobo, Narda Sanabria y Wilmer Romero, respectivamente;
además del fiscal 24º de la jurisdicción con competencia en responsabilidad
penal del adolescente, Lorenzo Chirinos.
Fuente: Ministerio Publico
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