(Caracas, 12 de diciembre).- El Gobierno de
Ecuador expresó hoy su rechazo a la decisión del Congreso de Estados
Unidos de imponer nuevas sanciones a funcionarios venezolanos por los episodios de violencia que se registraron durante las protestas de febrero pasado.
La Cancillería ecuatoriana, mediante un comunicado, manifestó “su más
enérgico rechazo” a la promoción de la llamada Ley de Defensa de
Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014, aprobada por
el Congreso estadounidense esta semana y en estudio por la Casa Blanca, a
la espera de la rúbrica presidencial.
Para Ecuador, “la referida ley constituye un intento desestabilizador contra el legítimo Gobierno del Presidente (venezolano) Nicolás Maduro”, precisa el texto oficial.
Además, sostiene que los argumentos de respaldo para impulsar las
sanciones no poseen “un sustento sólido en hechos vinculados a
violaciones de derechos humanos”.
Esos argumentos, añade la Cancillería, se basan “en información que
proviene de organizaciones que se ha comprobado que son financiadas por
quienes tienen tendencias contrarias a los regímenes progresistas de la
región”.
El Gobierno de Ecuador aclaró “que no pasará por alto la intención de que,
desde fuera de la región, se promuevan acciones de desestabilización,
tendentes a provocar cambios de Gobierno y de régimen político,
similares a las acaecidas recientemente en el norte de África y en Medio
Oriente”.
Ecuador “expresa su total respaldo y solidaridad con el pueblo y
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y ratifica que toda
agresión hacia ese país “merecerá su más profundo rechazo”.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde este
miércoles, después de que el lunes lo hiciera el Senado, a una ley que,
de entrar en vigor, congelará activos y prohibirá emitir visados a
funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con los episodios de
violencia y represión que vivió el país latinoamericano en las
manifestaciones del pasado febrero.
El 12 de ese mes, tras una manifestación convocada por la oposición,
un grupo de personas arremetió contra la sede de la Fiscalía y de la
Policía científica, en una jornada que se saldó con tres muertos y decenas de heridos y detenidos, dando comienzo a una ola de protestas que se extendió por el país durante meses.
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