“El presidente no está por encima de la ley”. El mensaje fue insistentemente repetido por los demócratas para tratar de convencer a los senadores republicanos de que absolver a Donald Trump en el juicio por su impeachment marcaría un peligroso precedente en la política estadounidense. Fracasaron. Y desde que el pasado 5 de febrero fuera exonerado de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, con el voto casi unánime de los legisladores republicanos, un presidente envalentonado se ha embarcado en una poco disimulada cruzada contra la separación de poderes, defendiendo su derecho a influir en los procedimientos judiciales.
Inmediatamente después de su absolución, Trump tomó represalias contra los miembros de su Administración que habían declarado en el juicio por su impeachment. Pidió públicamente indulgencia con su amigo y exasesor Roger Stone, declarado culpable por mentir en la investigación de la trama rusa. Atacó a los fiscales que pidieron una sentencia de entre siete y nueve años contra su amigo, acusó de sesgo político a la presidenta del jurado que decidirá sobre su destino, y atacó a la juez federal que preside el caso.
Ha arremetido reiteradamente contra el Departamento de Justicia y, tras las críticas entre el establishment judicial por su comportamiento, defendió en Twitter que tiene “el derecho legal” de intervenir en casos judiciales. “Estoy autorizado a estar totalmente implicado”, dijo el martes a los periodistas en la Casa Blanca.
“De hecho, supongo, soy el jefe de las fuerzas de seguridad del país. Aunque he elegido no implicarme”, espetó.
Desde que fuera exonerado del impeachment, el presidente no desaprovecha oportunidad alguna para retratar los procedimientos judiciales abiertos contra sus aliados como producto de una investigación ilegítima sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. “Si no fuera presidente, estaría demandando a todo el mundo por todos lados. Quizá lo haga de todas formas. ¡Caza de brujas!”, tuiteó.
El martes concedió el indulto a 11 personas que incluían aliados políticos condenados por corrupción, en una acción con la que, según han denunciado numerosos expertos jurídicos, incurre en una politización de la figura del perdón presidencial, al dar prioridad a sus relaciones personales por encima de las directrices establecidas por el Departamento de Justifica.
Su cruzada ha colocado en una posición más que delicada al fiscal general, su fiel aliado William Barr, que denunció la semana pasada en una entrevista televisiva que los continuos comentarios del presidente le hacían “casi imposible” llevar a cabo su trabajo.
El presidente reconoció ante los periodistas que es cierto que hacía más difícil el trabajo del jefe del Departamento de Justicia, pero anunció que continuaría haciéndolo. “Las redes sociales para mí han sido muy importantes, porque me dan voz”, dijo.
Desoyendo la petición de Barr, Trump ha seguido tuiteando con intensidad esta semana sobre el Departamento de Justicia, compartiendo las opiniones de figuras conservadoras de que el fiscal general debe “limpiar su casa” y atacando a los implicados en la investigación de la trama rusa, llevada a cabo por el Departamento que dirige Barr.
Según fuentes anónimas citadas por la prensa estadounidense, el fiscal general está planteándose dimitir. Algo que negó el martes por la noche Kerri Kupec, la portavoz del Departamento, que aseguró en Twitter que Barr “no tiene ningún plan de dimitir”.
Barr se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre su fidelidad al presidente y la defensa de la reputación del Departamento de Justicia como institución que actúa en los casos penales libre de presiones políticas. Es fiscal general desde hace un año, y ya lo fue también durante 14 meses en la Administración de Bush padre. En su entrevista en televisión la semana pasada, quiso retratarse como un oficial independiente que no cede a la presión política, pero los demócratas llevan tiempo acusándolo de actuar más como abogado de Trump que como jefe del Departamento de Justicia. El presidente, por su parte, asegura que tiene “confianza total” en su fiscal general.
Más de dos mil exempleados del Departamento de Justicia pidieron la dimisión de Barr, en una carta abierta en la que criticaban con dureza la injerencia de Trump en el caso contra Roger Stone.
La semana pasada cuatro fiscales se apartaron del caso después de que el Departamento de Justicia tomara la extraordinaria decisión de rebajar la petición de condena, siguiendo la sugerencia del presidente, que había tachado en Twitter la petición de los fiscales de “muy horrible e injusta”.
La Asociación de Jueces Federales ha convocado una reunión de emergencia para tratar la injerencia política en el caso de Stone. Y Trump les contestó con un tuit en el que les sugería que, en lugar de debatir sobre sus injerencias, se centren en el “tremendo abuso” que fue la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre su supuesta conspiración con Rusia, de la que al final el presidente fue exonerado.
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