Aunque en Francia restaurantes y cafés están cerrados desde hace tres meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia y solo pueden ofrecer pedidos para llevar o efectuar domicilios, algunos empresarios han decidido hacer caso omiso de las normativas. En respuesta, el Gobierno anunció duras sanciones para quienes infrinjan la ley.
Tres meses sin abrir sus puertas y sin poder atender clientes, tres meses sin tener claridad sobre cuándo podrán volver a sus actividades. El cierre de restaurantes y cafés en Francia se ha prolongado más de lo esperado y ha comenzado a hacer mella en la paciencia de los dueños y gerentes de estos establecimientos.
En un primer momento, se tenía el 20 de enero como posible fecha de reapertura si las cifras de la pandemia lo permitían. Sin embargo, el número de contagios nunca bajó a los 5.000 casos diarios que esperaba el Gobierno, de hecho desde hace días que los casos diarios están por encima de los 20.000.
A esto se suma la llegada al país de las variantes del virus, en especial la británica, que ya ha causado estragos en algunos territorios como Isla de Francia o París.
Un llamado a la desobediencia civil se extiende entre los restaurantes franceses
Sin pronta reapertura a la vista, en toda Francia se ha levantado un aire de revuelta. Todo comenzó con un llamado a revelarse por parte de Stéphane Turillon, propietario de ‘La Source Bleue’, un restaurante en el departamento de Doubs, en este del país. Su llamado recibío el apoyo de Yannick Aleno, uno de los chefs más respetados del país.
Turillon lleva varios meses mostrando su descontento en redes sociales. En el video más visto, invitaba a «hacer una revolución» e instaba a sus colegas abrir sus establecimientos: cafés, restaurantes y bares el 1 de febrero. Este video, publicado a inicios de enero, llegó a unas 45.000 personas.
Finalmente, Turillon decidió no abrir el día acordado, en vista de que los gendarmes estaban presentes y de los riesgos que conllevaba esa reapertura no autorizada. Sin embargo, su llamado incentivó a otros a seguir sus pasos. En Facebook se creó un grupo llamado «Mi restaurante abre el 1 de febrero», que cuenta con cerca de 28.000 miembros.
Algunos no esperaron esa fecha y abrieron de manera clandestina en los últimos días. El miércoles de la semana pasada, un gerente de restaurante abrió su local al público en Niza. Fue detenido por la policía y sus clientes, unos cien, recibieron una multa de 135 euros por cabeza.
Casos como este se repiten en todo el país. Uno de los más comentados ocurrió en París. En la Isla de la Cité, el restaurante L’Annexe sirvió a unos diez comensales en terraza a la hora del almuerzo el pasado viernes 29 de enero. La policía no tardó en llegar y poner multas a todos los clientes.
Incluso el diario ‘Le Parisien’ publicó un extenso reportaje en días pasados. En él dos de sus reporteros lograron comer a manteles en varios restaurantes, ingresando a una sala llena de clientes que entraron por una puerta de servicio. Al parecer los sitios abiertos se dan a conocer por el boca a boca en cada barrio capitalino.
«Estamos con reservas completas para la hora del almuerzo. Es cierto que con la ayuda del Gobierno y esta apertura ilegal podemos sobrevivir. Si no lo hacemos, será la muerte para nosotros», explicó el dueño de un restaurante en el mencionado artículo.
De acuerdo con cifras de las autoridades, en la capital francesa y sus alrededores al menos 390 restaurantes han sido multados.
El Gobierno advierte de sanciones por reaperturas clandestinas
Ante estos aires de resistencia, el Gobierno lanzó una advertencia el 1 de febrero. El encargado de hacerlo fue el ministro de Economía, Bruno Le Maire, en entrevista con la emisora francesa RTL. Explicó que quienes infrinjan la ley pueden ver suspendidas las ayudas del fondo de solidaridad por un mes. En caso de reincidencia, la anulación puede ser definitiva. Además de esto, podrían verse obligados a mantener su cierre por dos o tres meses más.
«Es extremadamente difícil para los dueños de restaurantes, moralmente y econónomicamente (…) pero en nada justifica el no respeto de las reglas, que son reglas sanitarias», aseguró el ministro.
Ese fondo de solidaridad corresponde actualmente a 10.000 euros mensuales o a una indemnización equivalente al 20% de las ganancias efectuadas en 2019, con un tope máximo de 200.000 euros por mes.
Cabe destacar que hay algunas derogaciones vigentes para algunos restaurantes, que pueden abrir sus puertas solo a los obreros que trabajan en el exterior en medio del frío y a los conductores de camiones. En estos casos corresponde a cada prefectura dar esos permisos.
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