El pasado 5 de agosto se cumplieron 5 años desde la designación del Fiscal General Tarek William Saab al frente del Ministerio Público por la Asamblea Nacional Constituyente.
Este periodo se ha caracterizado por una importante transformación de la institución garante de la legalidad tanto en aspectos estructurales como en las dinámicas de la persecución del delito.
Entendiendo que uno de los reclamos más importantes de la sociedad se encontraba en la lucha contra la corrupción administrativa, desde el inicio de la gestión se emprendió una profunda revisión de las denuncias recibidas en esa materia, tras lo cual se inició una ofensiva contra funcionarios y empresas que utilizaron la industria petrolera para el enriquecimiento ilícito.
Otro frente abierto durante los primeros meses lo constituyó la persecución contra la obtención fraudulenta de divisas preferenciales asignadas por parte de Cadivi y Cencoex.
Asimismo, uno de los aspectos claves que la nueva gestión se planteó como mecanismo para recuperar la credibilidad de la población fue la erradicación de la corrupción interna, manifestada en la utilización de algunos despachos fiscales para la extorsión a imputados, el favorecimiento de victimarios a cambio de dinero, la omisión de actuaciones o el abuso de funciones, entre otros.
Más recientemente se ha prestado especial atención a los funcionarios vinculados al sistema de salud que cobran por servicios públicos gratuitos, o que sustraen medicinas y equipos médicos.
Cambios estructurales
En vista de la relevancia que la lucha contra la corrupción adquirió con el paso de los meses, en diciembre de 2019 el Fiscal General decidió otorgar el rango de dirección general a la Dirección contra la Corrupción, a los fines de fortalecer y facilitar la actuación en esa materia.
En este mismo sentido, fue creada la Coordinación de Bienes Asegurados, como instancia encargada de velar por la correcta contabilización de los bienes asegurados, incautados, decomisados o confiscados y el adecuado tratamiento en las fases de custodia, administración y disposición.
La Dirección General contra la Corrupción tiene actualmente 48 fiscalías especializadas en la materia, de las cuales 19 son fiscalías nacionales, 7 están en el Área Metropolitana de Caracas y 22 se encuentran en otras entidades federales.
Corrupción en la industria petrolera
Durante el periodo 2017-2022, el Ministerio Público ha develado 24 tramas de corrupción en la industria petrolera. Se trata de graves hechos de corrupción que han costado a la nación miles de millones de dólares.
Por estos hechos han sido judicializados 178 funcionarios pertenecientes a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela y sus filiales, habiéndose logrado la condena de 63 implicados.
Entre los casos investigados destaca el caso de Bariven, donde se pudo corroborar la adquisición de bienes con sobreprecios, el suministro de información falsa de los proveedores, la contratación de procura bajo la modalidad de adjudicación directa a empresas y el cobro de comisiones, entre otras irregularidades.
Por este caso resultaron condenados Francisco Jiménez Yusti (entonces presidente de Bariven), junto a Joaquín Torres Velásquez (ex Gerente de Servicios Técnicos) y Javier Sosa Dilluvio (ex Analista de Compras), por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario con contratista y asociación.
Otro caso de especial relevancia es el de Citgo. La alta gerencia de la principal filial de Pdvsa en el exterior firmó un acuerdo internacional de financiación bajo condiciones desfavorables para la industria, ofreciendo como garantía la propia filial, lo cual se hizo sin contar con la beneplácito del Ejecutivo Nacional.
Por este caso resultaron condenados José Ángel Pereira (Presidente de Citgo), Tomeu Vadell Recalde (Vicepresidente de Operaciones de Refinación), Alirio José Zambrano (Vicepresidente y Gerente General de la Refinería Corpus Christi), Jorge Luis Toledo (Vicepresidente de Suministro y Comercialización), Gustavo Adolfo Cárdenas (Vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos) y José Luis Zambrano (Vicepresidente de Servicios Compartidos).
Fueron hallados culpables por los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto de Funcionario con Contratista, Legitimación de Capitales y Asociación.
En lo que respecta a la Faja Petrolífera del Orinoco, por irregularidades ocurridas en los mejoradores de crudo de las empresas mixtas Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, resultaron condenados seis involucrados, hay cinco procesados con acusación y nueve con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
También se destaca la investigación por desvío de gasolina premium y diesel desde la Planta de Distribución de Bajo Grande en Maracaibo, por la cual resultaron condenados tras admitir los hechos 10 funcionarios, quienes reconocieron los delitos de contrabando agravado, peculado doloso, terrorismo y asociación.
Otros casos destacados
En mayo de 2021 el Ministerio Público develó una trama de corrupción en la empresa estatal Lácteos Los Andes, que involucraba a su presidente, quien fue detenido.
Este ciudadano contrataba con empresas de familiares todos los insumos necesarios para la actividad de Lácteos Los Andes, los cuales eran facturados con sobreprecios, causando un grave daño a la empresa y al Estado venezolano. También desviaba la materia prima de la empresa pública para la elaboración de un producto lácteo de marca Villa La Estancia, que era de su propiedad.
Por este caso hay cuatro condenados por admisión de los hechos, mientras que el ex presidente de la empresa, Luis Piligra, y otro funcionario se encuentran en etapa de juicio.
Otro caso relevante se detectó en el Ministerio de Finanzas, donde se descubrió el desvío de partidas presupuestarias de organismos pertenecientes al sector público y entes descentralizados a través de transferencias electrónicas de grandes cantidades que eran distribuidas en diferentes cuentas bancarias pertenecientes a personas naturales y jurídicas.
Por este caso hay un condenado y catorce funcionarios en etapa de juicio.
Otro caso develado se refiere a irregularidades detectadas en la empresa Gas Comunal, referidas a la comercialización irregular de cilindros de gas doméstico y el cobro de comisiones ilegales en dólares para el llenado de las bombonas de gas a las empresas distribuidoras de este combustible.
Por este caso fue detenido y enjuiciado el presidente de Gas Comunal, Jacob Grey. En total han sido condenados 5 funcionarios y otros cinco se encuentran en fase de juicio, por los delitos de especulación y desestabilización, boicot, reventa, corrupción, peculado de uso, concierto de funcionarios con contratistas, usurpación de funciones y asociación.
Cifras que hablan por sí solas
En la lucha por depurar el Ministerio Público de funcionarios corruptos se iniciaron investigaciones contra 319 fiscales de nuestra Institución quienes han sido procesados por actuaciones irregulares y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Hasta el mes de julio se tramitaron 179 imputaciones, se presentaron 74 acusaciones y fueron condenados 38 funcionarios.
En lo que respecta a la corrupción en el sistema público de salud, por cobro de servicios médicos gratuitos han sido investigadas 103 personas y se han logrado 19 condenas. Mientras que por sustracción de insumos médicos se han investigado 379 personas y se han logrado 124 codenas.
En total, desde agosto de 2017 hasta julio de 2022 los fiscales adscritos a la Dirección General contra la Corrupción presentaron 14.785 imputaciones, 5.422 acusaciones y obtuvieron 3.251 sentencias condenatorias por las que resultaron condenados 3.778 funcionarios y funcionarias.
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