La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, presentó este miércoles un
informe ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Navy Pillayla, en
Ginebra, en el que denuncia el forjamiento de la realidad y de las
informaciones por parte del diario El Nacional sobre las declaraciones
que ofreció la defensora el sábado pasado.
“Hemos consignado un informe con todas nuestras actuaciones y hemos
explicado cómo, en el marco de las presentaciones del informe, el diario
El Nacional forjó una declaración que no salió de mis labios,
descontextualizó una explicación que yo hice de la tortura, para
promover e impulsar una campaña de odio en contra de nuestra
institución”, informó, en un contacto telefónico con Venezolana de
Televisión.
Con el título Defensora del Pueblo justifica tortura a jóvenes
estudiantes, el sábado 8 de marzo El Nacional -en su versión digital-
sacó de contexto la explicación de Ramírez sobre las diferencias que
existen en el ordenamiento nacional e internacional respecto a lo que se
entiende como tortura y lo que se entiende como tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
La información falsa de El Nacional ha generado amenazas contra
Ramírez y su familia, así como un grupo pretendía marchar este miércoles
hasta la sede de la institución, sin el permiso requerido, para pedir
su dimisión.
Detalló que esta denuncia también está siendo documentada para presentarla a la relatoría de Libertad de Expresión.
“El diario El Nacional incurrió en esta gran mentira y, además, me negó mi derecho constitucional a réplica”, enfatizó.
Ramírez explicó que la tergiversación por parte de El Nacional se
inscribe en una campaña mediática para afectar la imagen de la
Defensoría del Pueblo ante el mundo, y resaltó el apoyo que varios
representantes de la defensa de los derechos humanos de América han
manifestado a la Defensoría del Pueblo venezolana.
Señaló además que presentó a la Alta Comisionada pruebas de las
campañas mediáticas internacionales y nacionales, los ataques a sistemas
de distribución de alimentos, de electricidad, telefonía nacional, así
como a infraestructuras educativas, de la banca pública y del sistema de
administración de justicia, que han promovido sectores de ultraderecha
en el país en los últimos días y que ha dejado 22 fallecidos en el país.
La defensora del Pueblo subrayó que la ONU ha manifestado su agrado ante la información ofrecida por el Estado venezolano.
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