lunes, 8 de junio de 2015

Ministerio Público acusó a exvicepresidente de Bolipuertos y cinco funcionarios por adquisición irregular de embarcaciones

El Ministerio Público acusó al exvicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González, y cinco funcionarios adscritos a la citada dependencia estatal por su presunta responsabilidad en  la compra irregular de tres embarcaciones de gran velocidad a empresas españolas.
Esta situación data de finales del año 2013 y fue denunciada por autoridades de Bolipuertos el 23 de enero de este año.
Los fiscales 93º, 67º y 56º nacional, Dayison Rodríguez, Edward Narváez y Milvira Caraballo, respectivamente, acusaron a González por ser el presunto autor en los delitos de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de procesos licitatorios.
Por su parte, los inspectores Wilfredo Urbáez, Armando Larrazabal, Luis Granados y Luís Pagua fueron acusados por ser presuntos facilitadores en el delito de peculado doloso propio.
Mientras que el asesor externo Alberto Montilla fue acusado por los delitos de facilitador de peculado doloso propio y cooperador inmediato de concierto de funcionario público con contratista.
En el escrito presentado ante el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los seis hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad contra los acusados, por lo que cinco de ellos permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide.
Mientras que Pagua continuará bajo arresto domiciliario, esto debido a sus 75 años de edad.
Adicionalmente, se requirió que se mantengan las medidas bloqueo e inmovilización de las cuentas y bienes de los seis acusados, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes, las cuales fueron acordadas por la mencionada instancia judicial.
Cabe recordar que el 23 de enero del presente año, autoridades de Bolipuertos denunciaron ante el Ministerio Público que estas personas, a finales del año 2013, habrían autorizado la adquisición irregular de tres naves a empresas españolas.
Asimismo, es importante destacar que desde que las unidades llegaron al país presentaron fallas mecánicas, razón por la que no pudieron operar como se tendría previsto, en la ruta de Puerto la Cruz - Punta de Piedra, recorrido entre los estados Anzoátegui y Nueva Esparta.
Luego de diversas diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público se logró determinar la vinculación de los seis acusados con este hecho.





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