“Chino Cancha” fue asesinado la tarde del 23 de diciembre por
efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Él estaba señalado
como uno de los dos delincuentes que con fusiles mataron en la madrugada
de ese mismo día a dos funcionarios e hirieron a tres más en San
Agustín del Sur. Según un informe policial, “Chino Cancha” es el
culpable de que las familias del oficial agregado Zaid Peña Peña, de 29
años de edad, y del oficial jefe César Sánchez Vegas, de 40 años de
edad, ahora vivan un duelo entre trámites.
Carta
de defunción, carta de concubinato, carta de Heredero Universal,
partidas de nacimientos y cédulas de identidad son parte de las
documentaciones que deben consignar los parientes de un funcionario
asesinado. Este papeleo tarda aproximadamente seis meses, pero llevarlos a la oficina de Recursos Humanos no garantiza que la indemnización les sea entregada a los dolientes.
“Hace dos meses fui a Recursos Humanos y me dijeron que este año fue que aprobaron el presupuesto para cancelar las indemnizaciones de los funcionarios caídos en 2012”, aseveró Carmen Lovera, madre del oficial Emis David Monges Lovera, quien a sus 26 años murió en un accidente aéreo en 2013.
Según la Fundación para el Debido Proceso, desde 2012 hasta el año pasado 99 polinacionales habían muerto a manos del hampa.
Un conteo extraoficial registra hasta la penúltima semana de 2015, a 35
funcionarios de ese cuerpo policial fallecidos por la violencia, solo
en la Gran Caracas.
Una vez que cancelen los pasivos laborales a
30 familias, cantidad de defunciones por causa vioneta que hubo en 2012,
Carmen Lovera recibirá los beneficios que la Ley Orgánica del Servicio
Policial y de la PNB establece: prestaciones, caja de ahorro y
utilidades pendientes. La cuota que la institución considera como un apoyo económico ya le fue entregada y fueron 30.000 bolívares.
“Estamos
peleando para que la indemnización a las familias de funcionarios
caídos sea mejor. Es parte de las revisiones que dejó Freddy Bernal como
Comisionado de la Reforma Policial”, señaló un oficial de la PNB que
forma parte de las mesas de diálogos para la Ley de Seguridad Social
para policías, bomberos y funcionarios de defensa civil.
“Es un acto de justicia”
Emis
David Monges Lovera tenía 26 años cuando murió junto a otros cuatro
oficiales en un accidente aéreo, mientras tripulaban un helicóptero de
la PNB, el 23 de mayo de 2013.
La aeronave se precipitó sobre el
sector El Naranjal de la carretera Mamera – El Junquito, porque las
hélices rozaron unos cables de alta tensión y el piloto perdió el
control. La información oficial indica que los funcionarios estaban rastreando vía aérea a un grupo de delincuentes que habían secuestrado a dos trabajadores de Corpoelec en Los Ruices.
Como héroes fueron tratados en su funeral.
En la Base Aérea Francisco de Miranda fueron velados en capilla
ardiente. Compañeros con uniforme de gala montaron guardia alrededor de
las urnas, se lanzaron 16 salvas al aire y sus familiares recibieron de
manos del Ministro de Interior y Justicia la orden Francisco de Miranda.
Dos
años después Carmen Lovera sigue viajando de Caucagua (Miranda) a Torre Latino (Distrito Capital), para pedir en recursos humanos de la PNB las
indemnizaciones por su hijo.
“El
seguro de vida de un policía era de 30.000 bolívares y 4.000 bolívares
que tenía en la Caja de Ahorro. Eso fue lo que me entregaron hace un
año, cuando por fin el trámite del documento de Heredero Universal se
concretó”, dijo Carmen en una entrevista realizada en noviembre de 2015.
Ella
no sabe que la institución ofrece esos 30.000 bolívares no como seguro
de vida, sino como ayuda económica; que esa cantidad de dinero no varía
según la carga familiar del fallecido y que hasta diciembre de este año el monto no ha cambiado, pese a los ajustes salariales y la inflación.
El
grupo de familiares de los policías caídos en El Junquito mantiene
reuniones con la directiva de la PNB para presionar. Aún el cuerpo
policial les debe el pago de prestaciones del oficial, el bono
alimentario de los días de trabajo que quedaron pendientes, el seguro de
la aeronave y el monto que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (Inpsasel) determinó.
“El 24 de noviembre un
secretario del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz nos
dijo que antes de diciembre recibiríamos el pago de la indemnización de
Inpsasel. Aseguró que debía ajustarse ese monto porque ya estaba
devaluado”, aseguró Carmen.
Sabe que el pago de este dinero no llenará el vacío que dejó el menor de sus cuatro hijos, pero considera que es un acto de justicia para quien dio su vida por la seguridad de otros.
“Hace
dos meses fui a Recursos Humanos y la joven que me atendió me dijo que
mi caso ya estaba vencido, que eso había pasado hace mucho. Me dio un
profundo dolor, porque en su momento el Presidente prometió ayudarnos”,
manifestó.
Sin culpable, sin ayuda
Jorge Steven Colina Tovar fue una de las víctimas de las protestas que se generaron por hechos violentos durante las manifestaciones en 2014.
Jorge Steven era oficial de la PNB, tenía 24 años de edad y tres hijos
(uno en camino) cuando una bala lo impactó en el cuello el 8 de mayo del
año pasado en Los Palos Grandes.
Magaly Tovar es su madre y recibió exactamente lo mismo que le dieron a Carmen un año antes: 30.000 bolívares. A la esposa del joven, Yaniska Martínez le asignaron un apartamento de la Misión Vivienda
que está ubicado en el sector Turmerito de Las Mayas y le dieron un
contrato como secretaria en la sede de la PNB en El Helicoide.
“Ella
vivía en mi casa, junto a mi hijo, pero él estaba buscando una casa
para mudarse con ella y los niños. Cuando lo matan, mi nuera quedó en el
aire. Al menos la ayudaron con casa y trabajo, porque ahora ella debe
mantener a tres personas”, exclamó Magaly.
Su dolor por la pérdida
se hace visible cuando recuerda los actos fúnebres que en honor a Jorge
Steven se realizaron en el Cementerio del Este, los cuales fueron
pagados por el seguro de la institución.
“Me
dieron medallas, banderas y me lo ascendieron de rango, pero de qué me
servía eso. Todo fue un acto político, llegamos al cementerio y ya había
cámaras y microondas. Apenas se fue el Ministro, todos nos dejaron solos. Ni queríamos que el entierro fuera por allá, sino en El Junquito”, dijo Magaly.
“Ese crimen no quedará impune, hasta debajo de las piedras vamos a buscar a quien mató al compañero José Colina”,
afirmó el entonces ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz,
Miguel Rodríguez Torres, quien entregó a los padres del funcionario la
orden de Los Libertadores. Un año después, otra promesa queda en el
corazón de la familia de un policía asesinado.
Lo que les toca
Efecto Cocuyo consultó a
seis funcionarios de la PNB para conocer cómo son las condiciones de
seguridad social que les garantiza la institución. Cinco de las seis
fuentes desconocían sus beneficios y tuvieron que asesorarse con algún
compañero. Esto fue lo que señalaron:
El cuerpo policial asegura a
sus empleados con el Fasmij, al igual que todas las instituciones
adscritas al Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. La póliza de HCM cubre 150 mil bolívares para el funcionario y 150 mil para los beneficiarios,
que pueden ser padres, parejas e hijos. El monto se descuenta según se
utilice en consultas, cirugías, medicinas y emergencias. Este beneficio
no se descuenta del salario.
Algunos funcionarios señalaron que existe una segunda aseguradora llamada Rofenirca. Con esta empresa privada, por concepto de prevención fúnebre, el policía paga 200 bolívares mensuales, aproximadamente.
“No
todas las clínicas aceptan el seguro. Solo dos en la Gran Caracas.
Además, el seguro de vida que se le paga a los parientes por concepto de
muerte sigue siendo de 30.000 bolívares. Creemos que con el ajuste salarial que anunció Maduro, los beneficios laborales también aumenten”, comentó un oficial de la coordinación de Santa Rosalía de Distrito Capital.
La
Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial se
creó por decreto presidencial el 14 de noviembre de 2014 y tenía un
lapso de función establecido por seis meses, para evaluar la situación
interna de los cuerpos de seguridad del Estado y presentar propuestas
para su mejoramiento.
Para febrero de este año Bernal mencionó que
una de las propuestas elaboradas es la Ley de Seguridad Social Integral
del Policía. Este documento contempla un régimen especial de pensiones y
jubilaciones, regulación de bonos, primas compensaciones, indemnizaciones y subsidios a familiares de funcionarios que hayan resultado heridos o hayan perdido sus vidas en funciones.
También establece un régimen para beneficios en materia de salud y
vivienda, y también incluye la habilitación del Instituto de Previsión
Social.
En mayo de este año, Freddy Bernal fue sustituido de su
cargo y en su lugar designaron a Gustavo González López, ministro de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Transformación Policial no fue mencionada más por las autoridades, ni siquiera por el presidente Nicolás Maduro.
Fuente: Vanessa Moreno Losada @
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