Este martes, un grupo de venezolanas entre 21 y 35 años residentes en Santa Marta (Colombia) denunció que son víctimas de abuso sexual por parte de sus arrendatarios, quienes se aprovechan de su imposibilidad para cancelar el importe del alquiler para exigir encuentros sexuales, so pena de echarlas a la calle.
Según un trabajo periodístico aparecido en El Tiempo, las connacionales, que protagonizaron una protesta frente a la alcaldía de la ciudad costeña para hacer público los vejámenes sufridos, le solicitaron a la burgomaestre Virna Johnson que les ayudara a regresar a Venezuela, toda vez que la mayor parte de ellas ejercía labores como meseras en bares y restaurantes y con la llegada de la Covid-19, sus ingresos se interrumpieron abruptamente.
De acuerdo con los testimonios recopilados por el diario, el inicio de la cuarentena supuso también el comienzo de su padecimiento, porque al quedarse sin dinero, se les hizo imposible pagar sus alquileres y garantizarse la supervivencia.
Fue entonces cuando los dueños de las viviendas en las que residen sacaron partido de la situación, y les condicionaron el techo y el alimento a que accedieran a mantener relaciones sexuales con ellos.
Una de las protestantes, de nombre Andrea Sanjuanelo, mencionó que en un primer momento un vecino se ofreció a ayudarle con la comida, pero al poco supeditó el intercambio a la obtención de beneficios sexuales, como si de una prostituta se tratase.
Andrea, como las demás mujeres que hoy protestaron en Santa Marta, asegura no ser prostituta.
Algo similar le ocurrió a Ana Mejía. Se quedó sin dinero y con ello se esfumó la posibilidad de cancelar el alquiler de la habitación en la que vive. El propietario le exigió que le pagara con un encuentro sexual, o de otro modo, tendría que marcharse.
«Me dice que si me quiero quedar aquí sin pagar debo ofrecerle sexo. Esto es muy doloroso», comentó.
La repentina pérdida de todo ingreso y la imposibilidad de acceder a los programas gubernamentales diseñados para atenuar los efectos de la pandemia, arrojaron a estas mujeres a buscar alternativas en los terrenos de la economía informal, pero allí tampoco las cosas les resultaron fáciles.
«Tenemos hijos, tenemos necesidades, no podemos ir al mercado público, porque Espacio Público nos tira nuestras carretillas, nuestros termos. Ya no soportamos esta situación», relató otra afectada.
En este callejón sin salida, la única luz al final del túnel parece ser que las autoridades de la ciudad les provean de un transporte que les permita trasladarse hasta el fronterizo departamento de La Guajira –separado de Santa Marta por un viaje de tres horas por carretera–, punto desde el cual se les haría mucho más sencillo regresar a su país.
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