Las mujeres se paran en plena acera a ofrecer sus servicios sexuales. El alcalde Eric Adams alertó que en las últimas semanas se han visto a estas trabajadoras sexuales caminando por las calles, incluso durante el día. Esto ha causado mucha preocupación debido a la alta presencia de niños en las horas cuando salen de las escuelas.
El demócrata dijo que, según la ‘inteligencia’ de la ciudad, muchas de las trabajadoras sexuales son venezolanas que han llegado recientemente a Nueva York.
Algunos de los servicios que se han popularizado es el que ofrecen a la hora del almuerzo. Según las autoridades de Nueva York, esta crisis es consecuencia del mal manejo migratorio impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en los últimos años.
Los estados que se oponen a su gestión han mandado oleadas de migrantes a estados como Nueva York. Esto ha ocasionado que la ciudad se congestione y los migrantes tengan que buscarse la vida en lo que mejor puedan, al estar completamente desamparados.
«‘Esto es lo que sucede cuando se crea una atmósfera que la gente no puede mantener por sí misma y tiene que recurrir a actividades ilegales para lograrlo. Cuando hablo del creciente impacto de cómo esto afectará a nuestra ciudad, me refiero a esto. Vamos a crear problemas generacionales a partir del fracaso del Gobierno nacional y ese es un ejemplo”, comentó el alcalde de acuerdo a lo reseñado por Semana.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es que no está claro las condiciones de estas mujeres. No pueden cerciorar si venden sus cuerpos de manera voluntaria o si son víctimas de explotación sexual.
La prostitución es un delito menor de clase B en Nueva York, lo que significa que se castiga con hasta tres meses de cárcel y/o una multa de hasta 500 dólares. El cliente de una prostituta, por su parte, comete un delito menor de clase A, que se castiga con hasta un año de prisión y/o una multa de hasta 1.000 dólares.
En el último año, la ciudad ha recibido a más de 100.000 migrantes, generando una crisis logística y asistencial que las autoridades calculan que costará unos 5.000 millones de dólares de las arcas públicas.
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