El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) ha dictado mil 300 medidas de prohibición de enajenar y gravar contra inmobiliarias, tras denuncias recibidas sobre cobros ilegales del índice de precios al consumidor (IPC) u otras violaciones a contratos entre familias y dichas empresas para la adquisición de viviendas.
La información la ofreció este miércoles la presidenta del organismo, Aura Hernández,quien explicó que han recibido alrededor de 2.000 denuncias, de las cuales unas mil tienen expedientes abiertos por el cobro disimulado del IPC.
Explicó que tales medidas de enajenar y gravar impiden que las constructoras puedan vender el inmueble, hasta tanto se produzca una sentencia firme sobre el caso.
Hernández señaló que han recibido planteamientos de irregularidades como la firma de nuevos contratos para validar el cobro del IPC o la venta de un mismo apartamento a varias familias.
Destacó que el Indepabis defiende los derechos del público y que impulsa actualmente un proceso de diagnóstico en todo el país para sancionar las conductas irregulares.
La ley establece sanciones de entre cien y 5.000 unidades tributarias, así como el cierre temporal o total de la inmobiliaria.
Apuntó que en los casos que aplique, el Ministerio Público puede incluso dictar medidas privativas de libertad.
Hernández ofreció estas declaraciones en contacto desde la sede del Indepabis, en la avenida Libertador de Caracas, con el programa Despertó Venezuela transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
En esta institución se instaló hace varias semanas la sala situacional de víctimas y afectados por el cobro del IPC.
El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional (AN), diputado Augusto Montiel, comentó en el espacio televisivo que gracias a la sala situacional, han podido ubicar las relaciones entre diferentes constructoras, en un trabajo que se intensificó por la presencia de voceros de todo el país en ejercicio del principio de corresponsabilidad de la gestión pública.
Destacó que esta instancia ha permitido la organización de víctimas de estafas que, señaló, afectan a más de 50 mil familias.
Indicó que se tipifican delitos como estafa, incumplimiento doloso, extorsión, fraude y usura, entre otros.
Recordó que las inmobiliarias que hayan cobrado el IPC tienen la obligación de devolver el dinero a los afectados y entregarles el apartamento.
Carmen Camacho es una de las personas que acudió a la sala situacional para plantear su caso. Comentó a VTV que la constructora Edivial, encargada de la urbanización Terrazas de La Tahona, en el estado Miranda, le vendió el apartamento bajo la figura de una asociación civil, según la cual el edificio se construiría con el dinero de los asociados.
“Tras dos años no habían construido ni una columna. Luego de iniciadas las obras, comenzaron los aumentos imposibles de cancelar. Mi apartamento costaba 321.000 bolívares y hoy pretenden venderlo en 900.000. Como no podemos pagar, nos amenazan con quitarnos el apartamento”, señaló.
El caso de Noelia Tuoso, del estado Carabobo, es un tanto distinto pero con el mismo desenlace: aún no tiene su vivienda.
Comentó que tras cancelar la inicial de su residencia, el banco, en supuesta complicidad con la constructora, le negó el crédito, por lo que la inmobiliaria le indicó que no sólo perdía el dinero ya pagado sino la propia opción del apartamento.
Indicó que sólo en este urbanismo, ubicado en el municipio San Diego, están afectadas 1.200 personas.
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