(Prensa-Defensoría/02 de noviembre de 2010) La Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora firmaron un convenio que permitirá salvaguardar la totalidad de los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros en el país.
El convenio suscrito contempla una alianza basada en la cooperación, solidaridad y asistencia entre la Defensoría del Pueblo, el INDEPABIS y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el compromiso de las partes de realizar fiscalizaciones conjuntas de los servicios prestados por las aseguradoras, a fin de comprobar y exigir el cumplimiento de los derechos y obligaciones previstas en la Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
A juicio de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, este convenio de cooperación interinstitucional permitirá al Estado venezolano ejercer una vigilancia más cercana y permanente del tema del acceso a la salud por parte de los prestadores privados de este servicio.
“En Venezuela existe un Estado de Derecho y de Justicia; y el valor transversal que atraviesa nuestra Constitución es el derecho a la vida y así debe entenderlo el sector privado que se dedica a la salud como negocio”, añadió.
Por su parte, la presidenta del INDEPABIS, Aura Rosa Hernández y el Superintendente de la Actividad Aseguradora , José Luis Pérez, coincidieron en afirmar que el acuerdo representa un avance en materia de garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
El convenio interinstitucional contempla además la capacitación, formación, preparación y adiestramiento del personal adscrito a cada una de las instituciones firmantes en el estudio y aplicación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Igualmente, las instituciones firmantes podrán dictar normas conjuntas que coadyuven a la defensa efectiva y oportuna de los derechos de los asegurados, tomadores y beneficiarios de las empresas aseguradoras.
En este sentido, la Defensora del Pueblo dejo abierta la posibilidad de que las instituciones involucradas en la materia avancen en la reforma de algunas leyes e, incluso, en el impulso de sanciones penales contra quienes se nieguen a garantizar la vida, teniendo la capacidad para hacerlo.
El acuerdo interinstitucional fue firmado en la sede de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional , institución que ha venido atendiendo múltiples denuncias relacionadas con la inobservancia de la Ley de la Actividad Aseguradora.
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