Las mujeres que demandaron a las comercializadoras de los Poly Implant Prothèse franceses en Venezuela se declararon en estado de indefensión.
Lisette Cardona
El primero de febrero se celebró la audiencia con sólo una de las partes. Las afectadas no estuvieron presentes.
“Se violó el derecho a la defensa por una actuación intempestiva. Se afectó la igualdad de oportunidades de las partes”, dijo el abogado Gilberto de Andrea, quien solicitó el avocamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
Andrea recordó que la demanda incoada por las afectadas tiene por objeto lograr que las empresas Galaxia Médica C.A., Locatel C.A., Farmacias Locatel, Multi Industrias Médicas Meltimed C.A., Locatel Servicios SRL y Locatel Franquicia C.A. asuman la responsabilidad comercial por la distribución de los implantes y costee con las ganancias de las ventas, las operaciones y los honorarios médicos por la extracción.
El abogado aseguró que se violó el artículo 1.185 del Código Civil, que establece que todo aquel que cause un daño a otro está en la obligación de repararlo. Aseveró que también violaron los preceptos de la Constitución nacional estipulados en los artículos 112, 113 y 114, que atribuyen responsabilidad a las empresas sobre lo que venden.
El litigante dijo que las audiencias anteriores son nulas porque se celebró el juicio sin la parte afectada, práctica que está prohibida en el país.
Al juicio, celebrado el martes pasado por la jueza Carolina García Cedeño del Juzgado Noveno en Primera Instancia Civil de Caracas, sólo se presentaron los representantes de la parte demandada. La otra parte no recibió la notificación.
“La juez cometió errores imperdonables, que colocaron en indefensión a mis representadas. Violó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2000, que declara que el juez constitucional tiene la obligación de notificar 48 horas antes a las partes para que estén presentes en la audiencia; sin embargo, la fijó de manera sorpresiva. Queremos que lo lleven directamente a la Sala Constitucional por el desorden procesal”, indicó.
Gobierno eximido. El abogado defensor de las afectadas por la colocación de prótesis PIP explicó que el hecho de que los implantes tuvieran registro sanitario local no necesariamente hace responsables a las autoridades de salud venezolanas. “Francia emitió la primera certificación a las prótesis, por lo que el resto de los países se basaron en eso para certificarlas. Fue ese país el que garantizó al resto de la comunidad que eran viables”, concluyó.
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