Entre otros aspectos, ordenó a los médicos de libre
ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Maxilofacial que gratuitamente realicen los chequeos
y/o exámenes necesarios a los pacientes que operaron y a quienes se
colocaron PIP
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se
declaró competente para conocer la demanda de protección de derechos e
intereses colectivos interpuesta por la defensora del Pueblo, Gabriela
Ramírez, en contra de las empresas importadoras de prótesis mamarias
PIP.
Asimismo, la sala admitió la medida cautelar innominada a favor de aquellas personas que tengan implantada en su cuerpo prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por las empresas Poly Implant Prothese, Galaxia Médica, Multi Industrias Médicas Multimed, farmacia Locatel, Locatel franquicia, Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH).
En consecuencia, la Sala Constitucional acordó, hasta que no haya una sentencia definitiva, prohibir colocar implantes mamarios marca PIP y cualquier otro implante no autorizado por el Ministerio de Salud.
La decisión también ordenó el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada, a costa de la empresa Galaxia Médica, de los médicos cirujanos y las clínicas privadas que intervinieron en la mamoplastia.
Además, el TSJ, entre otros aspectos, ordenó a los médicos de libre ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial que gratuitamente realicen los chequeos y/o exámenes necesarios a los pacientes que operaron y a quienes se colocaron PIP.
También la sala ordenó a las clínicas privadas, a través de la AVCH, que gratuitamente practiquen los exámenes de diagnóstico necesarios a los pacientes que se operaron y portan implantes PIP.
Igualmente, la decisión del TSJ ordena al Ministerio para la Salud la elaboración de una planilla de registro de datos, en su página web, a objeto de que quienes porten prótesis PIP se inscriban para formar una relación de las personas afectadas.
La demanda y la solicitud de la medida cautelar requerida fue interpuesta por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y un conjunto de abogados.
Asimismo, la sala admitió la medida cautelar innominada a favor de aquellas personas que tengan implantada en su cuerpo prótesis mamarias marca PIP, fabricadas por las empresas Poly Implant Prothese, Galaxia Médica, Multi Industrias Médicas Multimed, farmacia Locatel, Locatel franquicia, Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH).
En consecuencia, la Sala Constitucional acordó, hasta que no haya una sentencia definitiva, prohibir colocar implantes mamarios marca PIP y cualquier otro implante no autorizado por el Ministerio de Salud.
La decisión también ordenó el retiro y reemplazo de las prótesis mamarias, marca PIP, de forma programada, a costa de la empresa Galaxia Médica, de los médicos cirujanos y las clínicas privadas que intervinieron en la mamoplastia.
Además, el TSJ, entre otros aspectos, ordenó a los médicos de libre ejercicio, a través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Maxilofacial que gratuitamente realicen los chequeos y/o exámenes necesarios a los pacientes que operaron y a quienes se colocaron PIP.
También la sala ordenó a las clínicas privadas, a través de la AVCH, que gratuitamente practiquen los exámenes de diagnóstico necesarios a los pacientes que se operaron y portan implantes PIP.
Igualmente, la decisión del TSJ ordena al Ministerio para la Salud la elaboración de una planilla de registro de datos, en su página web, a objeto de que quienes porten prótesis PIP se inscriban para formar una relación de las personas afectadas.
La demanda y la solicitud de la medida cautelar requerida fue interpuesta por la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y un conjunto de abogados.
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