Los representantes de la Sociedad
Venezolana de Cirugía Plástica Reconstructiva, Estética y Maxilofacial,
la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y Locatel, a través
de su empresa Galaxia Médica, se comprometieron con los entes del Estado
a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) que establece la atención y sustitución gratuita de las prótesis
mamarias Poly Implant Prothese (PIP) a las afectadas con dichos
implantes.
De acuerdo con un boletín de prensa, la defensora del Pueblo,
Gabriela Ramírez, destacó que lo más importante de estas actuaciones es
"la comprensión clara del hecho por parte de los responsables" y el
precedente que se genera por asumir sus responsabilidades al vulnerar
los derechos humanos en materia de salud.
Durante un encuentro auspiciado por la Defensoría del Pueblo (DdP),
que contó con la participación del Ministerio para la Salud, la Asamblea
Nacional, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, el Indepabis
y una representación de las mujeres perjudicadas, los voceros
manifestaron plenamente su voluntad de apoyar a las víctimas con casos
calificados como emergencias, a través de los diagnósticos e importación
de las prótesis necesarias.
También expresaron su disposición de acatar el protocolo, que
próximamente les será entregado por el Ministerio de Salud, a fin de
regular la actuación de los médicos y clínicas para el diagnóstico y
retiro programado de los implantes.
Por su parte, los entes del Estado ratificaron su compromiso con las
afectadas por las prótesis y aseguraron que agilizarán todos los
procedimientos para resolver el problema que las aqueja.
Asimismo, se acordó una reunión para la próxima semana con el
propósito de seguir profundizando en los mecanismos de atención que
serán empleados para garantizar el cumplimiento de la medida del TSJ y
los derechos de las personas perjudicadas.
Larry Devoe Márquez, Director general de Servicios Jurídicos de la
DdP, informó que el Estado creó el correo electrónico
registropip@mpps.gob.ve para que las afectadas puedan plantear sus casos
particulares.
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