El Ministerio Público imputó a Ever Gonzalo Zambrano, apodado “El Ever”, y a otros 61 privados de libertad, por presuntamente ser responsables de los hechos ocurridos durante la toma del Centro Penitenciario de la Región de los Andes (Cepra), en el estado Mérida.
En la audiencia de presentación, los fiscales 47º nacional, 4° y auxiliar, y 19° de esa jurisdicción, Elcira Bejarano, Daiana Vega, Gabriela García y José Gregorio Lobo, respectivamente, imputaron a Zambrano y a los otros 61 internos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, secuestro, extorsión y privación ilegítima de libertad.
Asimismo, fueron imputados por ocultamiento ilícito de armas de fuego y guerra, y armas blancas, lesiones personales graves y gravísimas, obstrucción a la administración de justicia y daños violentos a instalaciones públicas.
Adicionalmente, ”El Ever” fue imputado por el delito de asociación para delinquir.
Vale destacar que una visitante del recinto, Duvela Pérez (18), quien habría ingresado al Cepra el 22 de junio, también fue imputada por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir y legitimación de capitales; éste último tras incautársele 49.400 bolívares en el interior de un koala.
En ese sentido, el Tribunal 1° de Control del estado Mérida, con base en los elementos expuestos por los fiscales, dictó la medida privativa de libertad para las personas antes mencionadas, por lo que permanecerán detenidas en el citado sitio de reclusión.
Vale recordar que la situación irregular en el Cepra se inició el 22 de junio, cuando “El Ever” habría tomado las instalaciones del recinto penitenciario, incluyendo el anexo femenino, y trasladó a las internas de esa área a pabellones masculinos.
Resulta oportuno mencionar que luego de labores de investigación, se determinó la presunta vinculación de Zambrano y otro interno de dicho centro, Gerardo Alberto Ramírez, con el homicidio de la jefa de Recursos Humanos del Cepra, Roxanne Molina, ocurrida el pasado 25 de mayo a la salida de la mencionada instalación del estado merideño.
Por tal motivo, las fiscales 47° nacional y 3° de Mérida, Elcira Bejarano y Teresa Rivero, respectivamente, imputaron a los citados hombres por el delito de sicariato ante el Tribunal 1° de Control de la referida jurisdicción.
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