Paradójicamente, representantes de los servicios sociales del
Ayuntamiento acudieron al sector luego de la tragedia, para ofrecerle
apoyo a la familia que quedó desamparada.
Durante nueve meses y debido a la crisis sistémica del capitalismo que
afecta severamente a España, un hombre de 45 años, profesional, vivía
con su hija, menor de edad, y su compañera en un apartamento vacío de
protección oficial, ubicado en la ciudad de Barcelona, por no tener cómo
pagar el alquiler del apartamento que ocupaba anteriormente.
La presión del Estado al pedirle la desocupación del inmueble, así como los infructíferos esfuerzos por detener o alargar la medida, llevó al señor a decidir ahorcarse en el medio de la calle.
Juan Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de Carmen Amaya, sector donde aconteció la tragedia, relató que el señor había recibido una semana atrás la orden de desalojo, lo que le obligó a dirigirse en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento para solicitar reubicación en un albergue, debido a que: “hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia”.
Álvarez refirió que la petición de la víctima fue negada y que acudió nuevamente para solicitar la postergación de la medida durante un mes, sin embargo, al no recibir una respuesta satisfactoria, prefirió quitarse la vida. Paradójicamente, los representantes de los servicios sociales del Ayuntamiento acudieron al sector luego de la tragedia, para ofrecerle apoyo a la familia que quedó desamparada.
Éste no es un caso aislado, la semana pasada otra señora en la localidad vasca de Barakaldo se lanzó al vacío desde el cuarto piso de su edificio al pretender ser despojada de su apartamento, y más de 400 mil familias han sido desalojadas por impago hipotecario. La tragedia de la señora impulsó la decisión de la banca de suspender únicamente los desalojos en casos extremos.
Es inevitable comparar esta realidad en un país de “primer mundo” como España, con uno de “tercer mundo” como Venezuela, cuando el Poder Judicial venezolano prohíbe en nuestro país cualquier medida de desalojo y “toda práctica de medida judicial (…) que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación” como una medida de protección al derecho ciudadano a la vivienda.
O cuando el Ejecutivo venezolano protege a la población con la Ley contra Desalojos Arbitrarios, aprobada a través de Habilitante por el Presidente Hugo Chávez, así como los proyectos que se desarrollan a través de la Misión Vivienda.
Sin duda alguna, son “mundos” distintos, uno monárquico, que propina medidas neoliberales que protegen a la banca en vez de al pueblo ante la crisis mundial, que socializa las pérdidas (sobre todo entre los pobres) y privatiza las ganancias; otro revolucionario, que privilegia al ser humano y su derecho a la vida por encima de todas las cosas, que se fundamenta en el Poder Popular porque en el pueblo reside de manera intransferible la soberanía. Por fortuna, somos significativamente distintos.
La presión del Estado al pedirle la desocupación del inmueble, así como los infructíferos esfuerzos por detener o alargar la medida, llevó al señor a decidir ahorcarse en el medio de la calle.
Juan Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de Carmen Amaya, sector donde aconteció la tragedia, relató que el señor había recibido una semana atrás la orden de desalojo, lo que le obligó a dirigirse en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento para solicitar reubicación en un albergue, debido a que: “hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia”.
Álvarez refirió que la petición de la víctima fue negada y que acudió nuevamente para solicitar la postergación de la medida durante un mes, sin embargo, al no recibir una respuesta satisfactoria, prefirió quitarse la vida. Paradójicamente, los representantes de los servicios sociales del Ayuntamiento acudieron al sector luego de la tragedia, para ofrecerle apoyo a la familia que quedó desamparada.
Éste no es un caso aislado, la semana pasada otra señora en la localidad vasca de Barakaldo se lanzó al vacío desde el cuarto piso de su edificio al pretender ser despojada de su apartamento, y más de 400 mil familias han sido desalojadas por impago hipotecario. La tragedia de la señora impulsó la decisión de la banca de suspender únicamente los desalojos en casos extremos.
Es inevitable comparar esta realidad en un país de “primer mundo” como España, con uno de “tercer mundo” como Venezuela, cuando el Poder Judicial venezolano prohíbe en nuestro país cualquier medida de desalojo y “toda práctica de medida judicial (…) que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación” como una medida de protección al derecho ciudadano a la vivienda.
O cuando el Ejecutivo venezolano protege a la población con la Ley contra Desalojos Arbitrarios, aprobada a través de Habilitante por el Presidente Hugo Chávez, así como los proyectos que se desarrollan a través de la Misión Vivienda.
Sin duda alguna, son “mundos” distintos, uno monárquico, que propina medidas neoliberales que protegen a la banca en vez de al pueblo ante la crisis mundial, que socializa las pérdidas (sobre todo entre los pobres) y privatiza las ganancias; otro revolucionario, que privilegia al ser humano y su derecho a la vida por encima de todas las cosas, que se fundamenta en el Poder Popular porque en el pueblo reside de manera intransferible la soberanía. Por fortuna, somos significativamente distintos.
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