La fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, propuso la creación de una
instancia nacional autónoma que tenga la responsabilidad de garantizar la
protección de los niños, niñas y adolescentes.
La
propuesta fue realizada durante su ponencia en el IX Foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia,
realizado en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia, este miércoles
24 de noviembre, donde expuso el tema la Prevención del Delito en la Adolescencia.
Ortega
Díaz detalló que la Ley Orgánica
para la Protección
de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) establece que los consejos de protección
forman parte de la estructura
administrativa y presupuestaria de las alcaldías, pero desde el Ministerio Público
se ha evaluado que esto constituye una gran debilidad que debe ser atendida.
Indicó
que en oportunidades algunas alcaldías no le dan el tratamiento adecuado que
necesitan y requieren estas instancias, por lo que se desvirtúa su naturaleza y,
en consecuencia, los niños, niñas y adolescentes no son protegidos de manera
adecuada.
La Fiscal General afirmó que es
necesario abordar o revisar si realmente las alcaldías están cumpliendo con el
rol que le corresponde en los consejos de protección, debido a que esa es la
primera instancia que de no estar revestida de todas las seguridades jurídicas,
el resto del proceso va a tener problemas que incidirán negativamente en el
tratamiento a los trasgresores de la ley penal.
Proceso
Social Preventivo
Asimismo,
Ortega Díaz recordó que hace un año en la edición anterior de este foro, hizo
una propuesta del Proceso Social Preventivo para Adolescentes en conflicto con
la ley penal, citando el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, relacionado con la participación de los ciudadanos en los
programas de prevención.
Destacó
que este proceso constituye un cambio de paradigma significativo acerca de la
manera de aproximarse a un problema tan delicado como es la comisión de hechos
punibles por parte de los adolescentes.
“La
finalidad de esta estrategia busca evitar el proceso penal y sus efectos
negativos, además de involucrar a los
consejos comunales como entes de rango legal que están en estrecho contacto con
la comunidad, como órgano de apoyo, asistencia y orientación a los jóvenes en
conflicto” acotó.
Ortega
Díaz detalló que con esta propuesta, cuando un fiscal tenga fundados elementos
que le hagan presumir que un adolescente se encuentra en conflicto con la ley
penal, deberá acudir ante un juez para que en una audiencia, donde se le garanticen
los derechos al joven, y una vez demostrada la infracción, sea incorporado al
proceso social preventivo y no trasladado a un centro de reclusión para
adolescentes.
La
máxima autoridad del Ministerio Público expresó que es en la resocialización
del adolescente, cuando se incorporan los consejos comunales que en conjunto
con un equipo multidisciplinario (psicólogos, trabajadores sociales entre otros),
y en estrecho contacto con su familia, pueden lograr su incorporación a
procesos educativos y productivos que le permitan al adolescente convivir
pacíficamente en sociedad, siempre bajo la supervisión del órgano
jurisdiccional.
Explicó
que a este proceso social preventivo se le puede establecer un lapso de
duración máxima tres años, dependiendo de las condiciones de cada adolescente,
sin pretender la abolición del sistema penal, porque este seguirá manteniéndose
en delitos como homicidio calificado, secuestro, tráfico o fabricación de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre otros.
Ortega
Díaz dijo que lo que se pretende es fortalecer las formulas de solución
anticipadas contempladas en la
Lopnna y utilizar el principio de la cárcel como última medida.
Detalló
que aunque el factor fundamental para conseguir este proceso es la familia, también
lo son los operadores de justicia, quienes tienen el compromiso y la tarea de
que los adolescentes sean los hombres buenos del futuro que contribuyan a
formar una sociedad justa humana solidaria y en paz.
La
prevención del delito debe comenzar en el hogar
Luisa
Ortega Díaz precisó que es innegable que vivimos en una sociedad de consumo que
se vale de todos los medios de comunicación y redes para llegar a los
adolescentes, mostrándosele que el éxito y la felicidad esta estrechamente
ligado a la marca de celular o ropa que se use.
Puntualizó
que este modelo se repite en algunos núcleos familiares donde los padres basan
el éxito en la obtención de bienes materiales y así sentirse realizados.
“Con
qué moral podemos exigir que no delincan para obtener los bienes materiales que
desean, cuando nuestra conducta les enseña que son importantes las apariencias,
las posesiones, los símbolos y el status,
por lo que la prevención del delito debe comenzar en el hogar con el ejemplo
que los padres proyectan”, dijo.
Manifestó
que si se quiere erradicar estas conductas de nuestra sociedad los padres deben
comenzar preocuparse porque sus hijos tengan la mejor educación moral y ética
posible, ya que mañana esta será la herramienta fundamental para su
supervivencia en la sociedad.
“La
prevención debe ser integral y debe comprometer al Estado, la sociedad y la
familia, a promover valores como el respeto y la humildad” agregó.
Durante
el foro estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
Luisa Estela Morales; el magistrado y coordinador de la Comisión para la Reforma e Implantación de la Lopnna, Juan Rafael
Perdomo; la Defensora
del Pueblo, Gabriela Ramírez; el Defensor Público General, Ciro Araujo, entre
otras autoridades.
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