El Ministerio Público citó en calidad de imputados a Ismael Antonio Guzmán (excomandante del
Batallón de Cazadores del Ejército “Coronel, Vicente Campos Elías N° 63”) y a José Domínguez Yépez
(exdirector de Inteligencia de la
Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) por
su presunta vinculación con la masacre
de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982, y en la cual murieron 23
miembros del Frente Américo Silva.
En tal sentido, se tiene previsto
que la fiscal 51° nacional, Rochelly Barboza Hernández, realice las imputaciones el próximo jueves 16 de mayo a
las 10 de la mañana y 2:00 de la tarde, respectivamente, para que los dos
hombres, en presencia de sus abogados, conozcan el contenido del acto del
Ministerio Público.
Una vez imputados, Guzmán y Yépez
adquirirán todos los derechos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que
le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
La masacre de Cantaura ocurrió en el
marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado
venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de
luchadores sociales.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas
Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron
hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón
Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar,
José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández
Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto,
José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis
Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson
Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano
Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.
Este caso se activó debido a una
solicitud realizada por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público.
Vale destacar que este caso ha sido
impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la
creación de la comisión especial de fiscales que investigan los crímenes,
desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas
en el período 1958-1998.
Fuente: Ministerio Publico
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