Un total de 250 funcionarios de 11 instituciones gubernamentales se
activaron este jueves en las parroquias El Valle y Coche, de Caracas, a
fin de inspeccionar y revisar los costos de los productos de la cesta
básica en todos los establecimientos comerciales de estas
jurisdicciones.
Mediante el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, los servidores públicos, acompañados por la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional y los comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, visitarán los comercios de estas dos parroquias para constatar el cumplimiento de los precios de los alimentos con precios regulados, así como evitar el acaparamiento.
La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, resaltó: "11 instituciones están unidas para revisar todos los establecimientos comerciales e iniciar esta lucha permanente por el control de los precios de la canasta básica y los alimentos que se encuentran regulados, así como todos los insumos que deben llegar a la mesa del venezolano".
Cerrada indicó que "la idea es hacer un control permanente de los precios de la canasta básica que se encuentran regulados en la Gaceta Oficial, así como todos los alimentos que deben llegar a la mesa de los venezolanos".
Destacó que gracias al trabajo del Gobierno Nacional con los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, presentes en cada una de las parroquias, se han podido conocer los ciudadanos que están cometiendo ilícitos comerciales, que serán sancionados mediante este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización.
8.557 establecimientos que expenden alimentos han sido abordados a través del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, que comenzó el Indepabis el 7 de enero pasado.
Desde su creación, se han levantado 6.053 actas de inspección y 2.504 actas de fiscalización, estas últimas para establecer las sanciones a los establecimientos que incurran en algún ilícito administrativo.
Además, ha habido 1.209 ventas supervisadas para que los productos de primera necesidad lleguen a las comunidades.
A través del plan de fiscalización han sido incautadas 20.383 toneladas de distintos alimentos, entre ellos 2.855 de azúcar y casi 4.000 de leche en polvo.
Mediante el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, los servidores públicos, acompañados por la Guardia Nacional, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional y los comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, visitarán los comercios de estas dos parroquias para constatar el cumplimiento de los precios de los alimentos con precios regulados, así como evitar el acaparamiento.
La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, resaltó: "11 instituciones están unidas para revisar todos los establecimientos comerciales e iniciar esta lucha permanente por el control de los precios de la canasta básica y los alimentos que se encuentran regulados, así como todos los insumos que deben llegar a la mesa del venezolano".
Cerrada indicó que "la idea es hacer un control permanente de los precios de la canasta básica que se encuentran regulados en la Gaceta Oficial, así como todos los alimentos que deben llegar a la mesa de los venezolanos".
Destacó que gracias al trabajo del Gobierno Nacional con los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, presentes en cada una de las parroquias, se han podido conocer los ciudadanos que están cometiendo ilícitos comerciales, que serán sancionados mediante este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización.
8.557 establecimientos que expenden alimentos han sido abordados a través del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización, que comenzó el Indepabis el 7 de enero pasado.
Desde su creación, se han levantado 6.053 actas de inspección y 2.504 actas de fiscalización, estas últimas para establecer las sanciones a los establecimientos que incurran en algún ilícito administrativo.
Además, ha habido 1.209 ventas supervisadas para que los productos de primera necesidad lleguen a las comunidades.
A través del plan de fiscalización han sido incautadas 20.383 toneladas de distintos alimentos, entre ellos 2.855 de azúcar y casi 4.000 de leche en polvo.
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