(Caracas, 15
de julio de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para 10
mujeres y cuatro hombres, quienes fueron aprehendidos el pasado viernes 12 de
julio en Caracas, por presuntamente estar vinculados con el cobro ilegal para
gestionar beneficios de las misiones del Gobierno nacional, a través de una
fundación denominada “Ángel de la
Revolución”.
Durante la audiencia de presentación, el
fiscal 31° del Área Metropolitana de Caracas, Facberm Useche, imputó a Yiruma
Paredes, Roselyn Ravelo, Eyerlin Gutiérrez, Gleisa Amundaray, Eglis Peña,
Carmen Urquiola, Elsi Gutiérrez, Indira Martínez, Claret Caldera, Irama Pérez, Daniel Torres, Gudman Torrealba,
Tony Picariello y Ramón Pérez, por presuntamente incurrir en los delitos de estafa
agravada continuada y asociación.
Tales delitos se encuentran previstos y
sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica
contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En ese sentido, el Tribunal 23° de Control del
AMC, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal dictó la
medida privativa de libertad para las 14 personas, quienes permanecerán
detenidas en la sede del órgano de inteligencia, hasta tanto les sea fijado el
lugar de reclusión.
De acuerdo con la información, las 14
personas laboraban para la mencionada fundación, la cual tenía sus oficinas en
el Complejo Urbanístico Parque Central en Caracas, y presuntamente solicitaban
dinero a cambio de inscribir a la ciudadanía y gestionar los beneficios de las
misiones del Ejecutivo.
Tras varias denuncias, funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizaron un operativo
que culminó con la aprehensión de 13 de estas personas y la incautación de
elementos de interés criminalístico.
Igualmente, en horas de la madrugada de
este lunes, durante otro procedimiento los efectivos del Sebin lograron la
detención de Paredes, quien funge de presidenta de la referida fundación, en
las adyacencias de la parroquia Candelaria, en Caracas.
Es importante resaltar que las misiones
gubernamentales y sus beneficios son completamente gratuitos, por lo que
cualquier cobro constituye un delito.
Fuente: Ministerio Publico
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