(Caracas, 05 de septiembre de
2013) El Ministerio Público acusó a la presidenta de la Federación Nacional
Social Indígena (Fenasi), Aida Gutiérrez de Candelez (62), y a otras 17
personas por su presunta vinculación con una estafa millonaria al Centro Simón
Bolívar y al Hotel Venetur Residencias Anauco Suites, sedes de Caracas, tras
hacerse pasar por funcionarios del Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas.
Tal situación fue
detectada el 18 de julio de 2013, luego de que el personal de seguridad del
hotel denunció ciertas irregularidades ante el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la ciudad capital del país.
La fiscal auxiliar 68º del
Área Metropolitana de Caracas (AMC), Isabel Labrador, acusó a Gutiérrez de
Candelez (quien se hacía pasar por viceministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas), por presuntamente incurrir en los delitos de suposición de
valimiento, obtención ilegal de lucro, usurpación de funciones; así como
peculado de uso y asociación para delinquir.
Asimismo, fueron acusados
Gelson Carpio, Gregorio Guaranapa, Erenio Briceño y José Herrera, por la
presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento, obtención ilegal
de lucro, tenencia ilícita de municiones en grado de coautoría y asociación
para delinquir.
También fueron acusados
por su presunta vinculación con el hecho, María Suárez, Jacinto Godoy, José
Mila, Luís Rojas, Francisco Ochoa y José Herrera, por las acciones de cómplices
necesarios en los delitos suposición de valimiento, obtención ilegal de lucro y
asociación para delinquir.
Adicionalmente, se acusó a
Nelson Flores, Diego Nazaret, Isaac Ravanales, Jeanfrank Carrillo, Marco Tulio,
Edwin Loreto y Jaime Díaz, por su presunta participación como cómplices
necesarios en la comisión de los delitos de suposición de valimiento y
obtención ilegal de lucro.
En el escrito de acusación
presentado ante el Tribunal 1º de Control del AMC, la fiscal Labrador solicitó
la admisión de la acusación, el enjuiciamiento para las 18 personas y que se
mantenga la medida de privativa de libertad.
Vale señalar que los 16 hombres permanecen
recluidos en el Internado Judicial de Tocorón; mientras que las dos mujeres se
encuentran detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
Según la investigación, a
principios de 2013, Gutiérrez conformó la asociación civil Fenasi, la cual se
encargaría de brindar ayuda económica a las etnias indígenas del país.
En el mes de febrero,
Gutiérrez solicitó el arrendamiento de un piso en la Torre Este, del
complejo urbanístico Parque Central, adscrito al Centro Simón Bolívar, valiéndose
de sus funciones como presidenta de la mencionada asociación y haciéndose pasar
por viceministra del Poder Popular de los Pueblos Indígenas.
Luego de obtener el
contrato de arrendamiento en el referido complejo urbanístico donde funcionaría
la sede de dicha institución, se comprometió a pagar 285 mil bolívares
mensuales por el alquiler del lugar, más 80 mil bolívares por gastos de
condominio.
Posteriormente, la mujer y las otras 17 personas, (que se desempeñaban
como escoltas y personal administrativo) se hospedaron en el referido hotel
capitalino.
Por tal motivo, le
cedieron cinco apartoteles, donde se alojarían los integrantes de dicha
asociación, desde el 27 de mayo hasta el
18 de julio del presente año, lo cual generó una deuda por la cantidad de 547 mil 676 bolívares.
El 18 de julio, tras
varios altercados entre los escoltas de Gutiérrez y el personal de seguridad
del hotel, funcionarios del Cicpc se presentaron en el lugar, percatándose de
la existencia de varias irregularidades,
por lo que aprehendieron a la presidenta de Fenasi y las 17 personas que
trabajaban para ella.
Vale destacar, que los
compromisos económicos adquiridos por la mujer con el Centro Simón Bolívar y
con el hotel Anauco Suites, suman la cantidad de 1 millón 666 mil 247
bolívares.
Durante el procedimiento, en una de las
habitaciones se incautaron 18 municiones de armas de fuego, carnets de
identificación y otras evidencias de interés criminalístico.
Fuente: Ministerio Publico
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