Magistrados de la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encuentran reunidos en este
momento para realizar la audiencia oral y pública a la diputada a la
Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren.
La
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó a comienzos
de octubre que solicitó ante la sala plena del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) el antejuicio de mérito contra la diputada María Mercedes
Aranguren. Los cargos imputados son peculado doloso, legitimación de
capitales y asociación para delinquir, contemplados en la ley
anticorrupción y la ley de delincuencia organizada.
Los
hechos por los cuales se solicita el antejuicio de mérito es en
relación a una empresa que fue constituida por el exgobernador de
Monagas, José Gregorio Briceño Torrealba. La diputada para ese entonces
era la encargada de administrarla. El objetivo de la empresa era
garantizar la administración del estadium de Maturín.
En
los registros legales, según la Fiscal, el tiempo de vida de la empresa
fue establecido a 50 años. “Solo duró 8 meses y fue liquidada por un
decreto del propio gobernador”, precisó Ortega Díaz. La fiscalía presume
que la empresa se usó para hacer acciones irregulares en detrimento
del patrimonio público.
A juicio de
la diputada María Mercedes Aranguren, la decisión del Tribunal Supremo
de Justicia de admitir un antejuicio de mérito en su contra es parte de
un “cronograma” para aprobar la Habilitante. Aseguró que su caso no será
evaluado con objetividad.
De acuerdo
a las declaraciones de la parlamentarias, para ella el caso del
allanamiento forma parte de una presión política para lograr el objetivo
de la Habilitante y así poder negociar con su diputado suplente, Carlos
Flores, para convertirlo en el “diputado 99″.
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