(Caracas,
11 de octubre de 2013) El Ministerio Público imputó este viernes 11 de octubre
al medico forense, Guillermo Solano, por su presunta vinculación con la masacre
de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982, en la que fallecieron 23
miembros del Frente Guerrillero Américo Silva.
El fiscal
80° nacional con competencia de Derechos Fundamentales, Elvis Rodríguez,
respectivamente, imputó al galeno por la presunta comisión de los siguientes
delitos: encubridor en homicidio calificado, quebrantamiento de principios y
pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano y emisión de
certificaciones falsas con el propósito de burlar las leyes.
Ahora que Solano fue imputado,
adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que le
permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Vale destacar que por este mismo
hecho, se encuentran imputados el exdirector general de la extinta Dirección de
los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui; el
exdirector de Inteligencia de ese mismo organismo, José Domínguez Yépez; y el
excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
La masacre de Cantaura ocurrió en el
marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado
venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de
luchadores sociales.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón
Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar,
José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández
Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto,
José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis
Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson
Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría
Mejía.
Es importante destacar que este caso
se activó debido a una solicitud realizada por familiares de las víctimas ante
el Ministerio Público en el año 2006.
Este caso ha sido impulsado por la
fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la
comisión especial de fiscales que investiga los crímenes, desapariciones,
torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período
1958-1998.
Fuente: Ministerio Publico
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