(Caracas 11 de noviembre de 2013) Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de seis hombres por su presunta vinculación con la muerte del cacique y dirigente indígena de la etnia yukpa, Sabino Romero Izarra (44), ocurrida el 03 de marzo de 2013, en el sector el Tokuko, parroquia Libertad de Machiques de Perijá, estado Zulia.
En la audiencia preliminar, los fiscales 24º y 38º auxiliar nacional, Didier Rojas y Edgar Angulo, ratificaron la acusación contra Ángel Romero, Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en la modalidad de sicariato y asociación para delinquir.
De igual forma, se ratificó la acusación contra los seis hombres por presuntamente incurrir en el delito de lesiones personales en perjuicio de Lucía Martínez de Romero, pareja del dirigente indígena.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.
En este sentido, el Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), admitió la acusación, los medios de pruebas aportados por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Romero, Socorro, Petit, Derizan, Cárdenas y Delgado, quienes se encuentran recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la parroquia San Agustín de Caracas.
De acuerdo con la investigación, la muerte del cacique Romero ocurrió en horas de la noche del 03 de marzo de este año, cuando dos hombres a bordo de una moto interceptaron el vehículo donde se trasladaba el cacique y efectuaron varios disparos que le ocasionaron la muerte e hirieron a su pareja.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por funcionarios del Cicpc, los seis hombres fueron detenidos el pasado lunes 26 de agosto en el estado Zulia, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal y acordada por el referido tribunal de control.
Vale mencionar que el Ministerio Público solicitó la radicación de la causa, la cual fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que decidió remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del AMC.
En la audiencia preliminar, los fiscales 24º y 38º auxiliar nacional, Didier Rojas y Edgar Angulo, ratificaron la acusación contra Ángel Romero, Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en la modalidad de sicariato y asociación para delinquir.
De igual forma, se ratificó la acusación contra los seis hombres por presuntamente incurrir en el delito de lesiones personales en perjuicio de Lucía Martínez de Romero, pareja del dirigente indígena.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.
En este sentido, el Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), admitió la acusación, los medios de pruebas aportados por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de Romero, Socorro, Petit, Derizan, Cárdenas y Delgado, quienes se encuentran recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la parroquia San Agustín de Caracas.
De acuerdo con la investigación, la muerte del cacique Romero ocurrió en horas de la noche del 03 de marzo de este año, cuando dos hombres a bordo de una moto interceptaron el vehículo donde se trasladaba el cacique y efectuaron varios disparos que le ocasionaron la muerte e hirieron a su pareja.
Luego de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por funcionarios del Cicpc, los seis hombres fueron detenidos el pasado lunes 26 de agosto en el estado Zulia, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal y acordada por el referido tribunal de control.
Vale mencionar que el Ministerio Público solicitó la radicación de la causa, la cual fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que decidió remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del AMC.
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