53 Tribunales de Control y 24 salas de Cortes de Apelaciones, serán las
instancias que asumirán a partir de hoy en todo el territorio venezolano
con competencia exclusiva en delitos económicos.
Este es el aporte del Tribunal Supremo de Justicia a la lucha contra la “guerra económica” de sectores que vienen practicando la especulación y el acaparamiento en contra del pueblo venezolano, acción que está siendo enfrentada por el Ejecutivo venezolano y los demás poderes del Estado.
Así lo dio a conocer la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, al tiempo que afirmó que se trata de tribunales que comenzarán su labor de inmediato con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las instituciones democráticas del país.
Los Tribunales asignados conocerán y decidirán de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Este es el aporte del Tribunal Supremo de Justicia a la lucha contra la “guerra económica” de sectores que vienen practicando la especulación y el acaparamiento en contra del pueblo venezolano, acción que está siendo enfrentada por el Ejecutivo venezolano y los demás poderes del Estado.
Así lo dio a conocer la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, al tiempo que afirmó que se trata de tribunales que comenzarán su labor de inmediato con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las instituciones democráticas del país.
Los Tribunales asignados conocerán y decidirán de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Fuente: La verdad de Monagas
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