(Caracas, 06 de febrero de 2014) El Ministerio Público amplió la imputación al exdirector de Inteligencia de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), José Domínguez Yépez, por su presunta vinculación con la masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de octubre de 1982, y en la cual murieron 23 miembros del Frente Américo Silva.
Los fiscales nacionales 38º auxiliar y 80º, Edgar Ángulo y Elvis Rodríguez, respectivamente, imputaron al exfuncionario por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
Vale destacar que el 05 de junio de 2013, el exfuncionario fue imputado por presuntamente incurrir en el delito de concurso real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles por las 23 víctimas.
Por este mismo hecho se encuentran imputados el exdirector general de la Disip, Remberto Uzcátegui; el exfiscal militar, Luis Velie Guerra; el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán; y el médico forense Guillermo Solano.
La masacre de Cantaura ocurrió en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores sociales.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro,
Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.
Es importante destacar que este caso se activó debido a una solicitud realizada por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.
Este caso ha sido impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la comisión especial de fiscales que investiga los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1958-1998.
Los fiscales nacionales 38º auxiliar y 80º, Edgar Ángulo y Elvis Rodríguez, respectivamente, imputaron al exfuncionario por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.
Vale destacar que el 05 de junio de 2013, el exfuncionario fue imputado por presuntamente incurrir en el delito de concurso real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles por las 23 víctimas.
Por este mismo hecho se encuentran imputados el exdirector general de la Disip, Remberto Uzcátegui; el exfiscal militar, Luis Velie Guerra; el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán; y el médico forense Guillermo Solano.
La masacre de Cantaura ocurrió en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores sociales.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y decenas de funcionarios de la Disip, atacaron un campamento donde perecieron hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro,
Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.
Es importante destacar que este caso se activó debido a una solicitud realizada por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público en el año 2006.
Este caso ha sido impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la comisión especial de fiscales que investiga los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período 1958-1998.
Fuente: Ministerio Publico
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