El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel
Rodríguez Torres, precisó que la aprehensión del alcalde del municipio
San Diego, estado Carabobo, Vicencio Scarano, se produce después de que
“un grupo privado de empresas, cooperativas y organizaciones” interpuso
ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un
recurso de amparo para la defensa de derechos e intereses colectivos.
En una rueda de prensa ofrecida ayer, detalló que con el expendiente
140205 fue tramitada la solicitud que también iba en contra del director
de la policía municipal, Salvatore Lucchese.
Las acusaciones se producen por la omisión de acciones para prevenir
desórdenes públicos en el municipio, específicamente en el distribuidor
San Diego y las urbanizaciones cercanas, lo que generó que personas
violentas trancaran las calles atentando contra el derecho de las
mayorías a transitar libremente y a la dedicación a actividades
económicas de cualquier tipo.
Después de introducir el amparo, el TSJ se declaró competente para
asumir la solicitud y emitió una sentencia con la obligación que tiene
el alcalde, dentro de las funciones por las que fue elegido, de recoger
los escombros, abrir las vías, mantenerlas despejadas y emplear su
cuerpo policial en acciones preventivas para evitar que se volvieran a
levantar barricadas. “Cosas a la que el acalde se negó u omitió el
cumplimiento de sus deberes”, dijo el ministro.
Al incumplir la sentencia, el TSJ emitió la orden de captura para los
dos ciudadanos, quienes deberán cumplir 10 meses y 15 días de prisión,
más las accesorias de ley. Además, Scarano cesa en el ejercicio de sus
funciones.
Rodríguez Torres reiteró que todo parte por la solicitud de un grupo
de ciudadanos y organizaciones privadas y públicas para que “se
defiendan sus derechos antes las acciones y omisiones del alcalde”.
Scarano desacató la sentencia de la Sala Constitucional, del 12 de
marzo, que ordenaba emprender las acciones necesarias para evitar las
guarimbas. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, en su artículo 31, establece que quien incumple el
mandamiento de amparo será castigado con prisión de entre seis y 15
meses.
Además, mostró una foto donde se ve a funcionarios de la policía de
San Diego ayudando a bajar de un camión los materiales para levantar
barricadas. Asimismo señaló, que el ataque al automercado Hiper Líder,
en San Diego, después de conocerse la detención de Scarano, indica la
conexión directa entre él y esos “señores de la violencia y la muerte”.
Designado Pablo Domínguez
El Concejo Municipal de San Diego anunció en su cuenta de Twitter la
designación de Pablo Antonio Domínguez como alcalde encargado. Antes se
desempañaba como presidente del Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbano y Ambiental.
Caso San Cristóbal
En el caso del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, la vía de
acción fue a través del Tribunal Tercero de Control de San Cristóbal,
donde se recibieron más de siete denuncias de ciudadanos tachirenses por
la omisión de las funciones del alcalde y las acciones que dirigía para
cerrar vías y no recoger la basura, aunado a la inacción de la policía
ante más de 60 barricadas.
Después de que el Tribunal Tercero asumió la denuncia, el Ministerio
Público solicitó la captura y de inmediato Ceballos fue puesto a la
orden del mismo tribunal.
Derechos garantizados
Aismismo, el Ministro indicó que Scarano, Lucchese y Ceballos están
recluidos en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, en Los
Teques, estado Miranda.
Destacó que tienen todos sus derechos garantizados e incluso fueron visitados por un grupo de alcaldes y un diputado.
Aseveró que es importante que los venezolanos sepan que estas
decisiones son de los órganos de justicia, “que no es el Gobierno quien
ordena detener a nadie, sino que se cumplen todos los pasos y procesos
establecidos en la ley”.
Agregó que el Estado actúa para proteger el derecho de las mayorías y
no el de un pequeño grupo que, bajo la excusa del derecho a la
protesta, quiere enturbiar la vida de los venezolanos.
“Estamos actuando como Estado para garantizar la libertad, la tranquilidad y la paz”, enfatizó Rodríguez Torres.
Elecciones
El Consejo Nacional Electoral (CNE) elaborará un cronograma para
convocar comicios en el municipio San Diego, estado Carabobo, informó
ayer la vicepresidenta del ente electoral, Sandra Oblitas.
“Al ser notificados por el Tribunal Supremo de Justicia sobre el cese
en el ejercicio de funciones del ciudadano alcalde del municipio San
Diego y, en consecuencia, su falta absoluta, la Junta Nacional Electoral
ha convocado a los técnicos de este organismo para la elaboración de
una propuesta de cronograma, que deberá ser discutida en las próximas
horas”, indicó.
Luego se anunciarán la fecha y las condiciones para el cumplimiento de los lapsos legales para los procesos electorales.
Violentos hicieron destrozos en San Diego
Grupos violentos colocaron barricadas, quemaron cauchos y causaron
destrozos a bienes públicos y privados en el municipio San Diego del
estado Carabobo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
emitiera una condena contra el alcalde Vicencio Scarano de 10 meses y 15
días de prisión por haber desacatado la sentencia de la Sala
Constitucional del 12 de marzo de 2014, que ordenaba emprender las
acciones necesarias para evitar el armado de guarimbas en la
jurisdicción.
Los grupos atacaron las instalaciones de la depostadora de carnes de
Mercal, ubicada en el sector El Morro de San Diego, y quemaron un
vehículo oficial de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv)
en la urbanización La Esmeralda del mismo municipio, notificó el
director de Planificación y Estrategia del Centro de Investigación en
Educación y Seguridad Vial (Ciesvial), Jacobo Vidarte.
Agregó que algunos vecinos reportaron asedio a Centros de Diagnóstico Integral y Mercalitos ubicados en diversos puntos.
Señaló que estos grupos vandálicos ocasionaron el incendio del
supermercado Hiper Líder situado en la avenida Julio Centeno, local que
resultó completamente destruido por las llamas.
Vidarte refirió que desde horas de la madrugada, las barricadas
fueron colocadas a lo largo de la avenida Julio Centeno, impidiendo el
derecho al libre tránsito a la población. Estas obstrucciones en la vía
se hacen más frecuentes en sentido centro-norte (puntualmente desde Los
Magallanes hasta El Tulipán). El ingreso y salida al municipio por la
variante Yagua- San Diego está cerrado.
Por esta situación, los vehículos de atención de emergencias se ven
limitados a atender eventualidades en ese sector. El transporte público
también está restringido.
“El sur de Valencia, así como los municipios Bejuma, Miranda,
Montalbán, Libertador, Diego Ibarra, Los Guayos, Guacara, San Joaquín,
Morón y Puerto Cabello se encuentran sin ningún tipo de novedad, es
decir, que estos focos violentos se presentan en 11% del espacio
territorial carabobeño”, dijo.
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