domingo, 16 de marzo de 2014

Multa o dos años cárcel a quien proteste en Australia

 
La polémica ley dará poderes a la policía australiana del estado de Victoria, a dispersar las protestas y detener a personas por violentar las leyes. El Consejo Legislativo del estado australiano de Victoria (suroeste), aprobó una ley que prohíbe a los manifestantes protestar en dicho estado. A partir del mes de septiembre la Policía de Victoria tendrá la potestad para detener a los activistas que protestan, incluidas aquellas personas que participen en mítines pacíficos. Los manifestantes podrían ser sancionados con multas de hasta 750 dólares o ser condenados a prisión por un máximo de 2 años. "Cada victoriana tiene derecho a protestar y expresar sus puntos de vista. Sin embargo, cuando las personas recurren a tácticas ilegales que amenazan el sustento de los respetuosos de la ley, las empresas, los empleados y sus familias, deben ser obligados a rendir cuentas, dijo Robert Clark, fiscal general Victoriano. Un portavoz del Gobierno de Victoria, dijo en un comunicado que las leyes fueron diseñadas para "poner fin a los piquetes sindicales ilegales y bloqueos de manifestantes que amenazan con cerrar los negocios".



 

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La polémica ley dará poderes a la policía australiana del estado de Victoria, a dispersar las protestas y detener a personas por violentar las leyes. El Consejo Legislativo del estado australiano de Victoria (suroeste), aprobó una ley que prohíbe a los manifestantes protestar en dicho estado. A partir del mes de septiembre la Policía de Victoria tendrá la potestad para detener a los activistas que protestan, incluidas aquellas personas que participen en mítines pacíficos. Los manifestantes podrían ser sancionados con multas de hasta 750 dólares o ser condenados a prisión por un máximo de 2 años. "Cada victoriana tiene derecho a protestar y expresar sus puntos de vista. Sin embargo, cuando las personas recurren a tácticas ilegales que amenazan el sustento de los respetuosos de la ley, las empresas, los empleados y sus familias, deben ser obligados a rendir cuentas, dijo Robert Clark, fiscal general Victoriano. Un portavoz del Gobierno de Victoria, dijo en un comunicado que las leyes fueron diseñadas para "poner fin a los piquetes sindicales ilegales y bloqueos de manifestantes que amenazan con cerrar los negocios".
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