martes, 20 de mayo de 2014

Detectan usura y sobreprecios en fábrica de tuberías en Zulia



Caracas.- Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Precios Justos inspeccionaron la fábrica de tuberías Revinca, ubicada en la Zona Industrial I de Maracaibo, estado Zulia, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica que promueve el Ejecutivo Nacional. 

"Hemos identificado durante la inspección, violación a la Ley de Precios Justos. Incurren en delitos de usura y sobreprecios", dijo el coordinador de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) en la entidad, One Soto, en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).

Durante la visita realizada este martes, se detectaron irregularidades en delitos de usura y sobreprecio, ambos tipificados en los artículos 32 y 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos vigente desde el 23 de enero de este año.

Soto precisó que una tubería de 32 milímetros que presentaba un costo unitario de 1,25 bolívares era comercializada en 5,37 bolívares lo que representa un margen de ganancia mayor al 30%.
El artículo 32 de la normativa legal establece que en ningún caso el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio. 

Mientras que, el artículo 60 establece que quien por medio de cualquier acuerdo o convenio, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

El coordinador de la Sundde informó que los dueños de la empresa serán sancionados bajo el artículo 51 de la normativa legal que establece que "quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores  a los establecidos por la Superintendencia, serán sancionados por vía judicial de ocho a  diez  años, igualmente con multas de mil a  50 mil unidades tributarias y la ocupación temporal".

"Seguiremos fiscalizando y dándole cumplimiento a las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, para la protección de la economía venezolana", comentó.

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