Caracas.- La ejecución de Russell Bucklew, prevista para el
21 de mayo en la localidad de Bonne Terre, será la primera en Estados
Unidos desde la controvertida agonía de 43 minutos de un ajusticiado en
Oklahoma el pasado 29 de abril. Bucklew violó a su exnovia y mató a su
nueva pareka.
Un condenado a muerte en Estados Unidos que debe ser
ejecutado el próximo miércoles en Misuri (medio-oeste) reclama a la
justicia que su muerte por inyección letal se grabe, como prueba de sus
sufrimientos.
La ejecución de Russell Bucklew, prevista para el 21 de mayo en la localidad de Bonne Terre, será la primera en Estados Unidos desde la controvertida agonía de 43 minutos de un ajusticiado en Oklahoma el pasado 29 de abril.
Bucklew, condenado a muerte por la violación de su exnovia y el asesinato de la nueva pareja de ella, asegura en una demanda judicial presentada el viernes que sufre tumores vasculares en el cerebro y el cuello, así como problemas de circulación.Su demanda, de 15 páginas, pide la grabación de la ejecución con el objetivo de "preservar una prueba crucial" de que el procedimiento viola la Constitución, que prohíbe las penas crueles
Los defensores del reo argumentan también que el Estado de Misuri utiliza para sus inyecciones letales un preparado hecho en farmacias del que no se sabe "su calidad, potencia, eficacia ni de dónde viene, cómo fue hecho".
El pasado 8 de mayo, el Tribunal Penal de Apelaciones de Oklahoma ordenó el cese de las ejecuciones capitales durante seis meses, después de la fuerte polémica desatada por la ejecución de Clayton Lockett mediante una inyección letal con productos no probados.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte "encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento" para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explica Deborah Denno, profesora de derecho de la Fordham University.Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
La ejecución de Russell Bucklew, prevista para el 21 de mayo en la localidad de Bonne Terre, será la primera en Estados Unidos desde la controvertida agonía de 43 minutos de un ajusticiado en Oklahoma el pasado 29 de abril.
Bucklew, condenado a muerte por la violación de su exnovia y el asesinato de la nueva pareja de ella, asegura en una demanda judicial presentada el viernes que sufre tumores vasculares en el cerebro y el cuello, así como problemas de circulación.Su demanda, de 15 páginas, pide la grabación de la ejecución con el objetivo de "preservar una prueba crucial" de que el procedimiento viola la Constitución, que prohíbe las penas crueles
Los defensores del reo argumentan también que el Estado de Misuri utiliza para sus inyecciones letales un preparado hecho en farmacias del que no se sabe "su calidad, potencia, eficacia ni de dónde viene, cómo fue hecho".
El pasado 8 de mayo, el Tribunal Penal de Apelaciones de Oklahoma ordenó el cese de las ejecuciones capitales durante seis meses, después de la fuerte polémica desatada por la ejecución de Clayton Lockett mediante una inyección letal con productos no probados.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte "encuentran grandes dificultades para hallar barbitúricos y se desesperan buscando alguna fuente de aprovisionamiento" para la elaboración de las inyecciones que utilizan, explica Deborah Denno, profesora de derecho de la Fordham University.Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
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