El vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea
Nacional (AN), José Javier Morales, designó este miércoles al diputado
Modesto Ruíz como presidente de la subcomisión que tratará el proyecto
de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que fue consignado el 31 de
enero pasado por los colectivos sexo-género diversos.
La decisión fue tomada tras el derecho de palabra concedido a
miembros de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y Ejército
Emancipador del Gran Polo Patriótico en el Parlamento, para que
expusieran las demandas fundamentales que esperan sean debatidas por el
Poder Legislativo, a fin de garantizar la ciudadanía plena de esta
población vulnerable.
Al respecto, el diputado Ruíz estimó para finales de julio la
preparación de una agenda de foros y conversatorios que les permita a
los distintos colectivos exponer los fundamentos de esta lucha y así
poder abordar el tema con el conocimiento necesario para tomar
decisiones.
Ejes para la igualdad
Durante su intervención, el presidente de la Asociación Civil
Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermattei, expuso que la lucha de esta
población se centra en otros cuatro ejes transversales (además del
matrimonio civil igualitario), con bases en la Constitución de la
República de Venezuela, los tratados y pactos internacionales en materia
de Derechos Humanos firmados y ratificados por la República y el Plan
de la Patria 2013-2019, hoy ley de la Nación.
Piermattei también explicó que otra meta de la población no
heterosexual y género diversa es lograr que el Parlamento venezolano,
como sucedió en Argentina, discuta y sancione una normativa que
garantice el derecho a la identidad de las personas transgéneros,
transexuales e intersexuales.
Igualmente, estos colectivos precisaron que es necesaria la
aprobación de una Ley Antidiscriminación que incluya todos los grupos
vulnerables, para combatir la discriminación por orientación sexual e
identidad o expresión de género, así como la creación de un organismo
que se encargue de la regulación permanente de este instrumento
jurídico.
Asimismo, instaron a fortalecer la educación sexual para combatir la homofobia, lesbofobia, transfobia e interfobia.
No es baladí destacar que los instrumentos jurídicos propuestos por
la comunidad sexo-género diversa tienen su base en el objetivo 2.2 del
Plan de la Patria que establece la construcción de una sociedad
igualitaria y justa, para lo cual en sus apartados 2.2.4.2, 2.2.4.3 y
2.2.4.4, respectivamente, llama a la incorporación de la perspectiva de
la igualdad de género en las políticas públicas, a promover la no
discriminación y la protección a los grupos socialmente vulnerables,
generar políticas formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y
de diversidad sexual y a promover el debate y reflexión de los derechos
de la comunidad sexo-diversa.
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