La orden es clara y precisa: la Revolución Bolivariana no está
dispuesta a tolerar mafias ni delincuentes en los cuerpos de seguridad
del Estado. No debe haber intocables en la lucha contra la impunidad.
Tal es la voluntad expresa del presidente Nicolás Maduro y estamos
cumpliendo, con la máxima resolución y apego a la Constitución y a las
leyes, la tarea encomendada. Por ello hemos afirmado: se es policía o se
es delincuente.
Para tener unas instituciones policiales efectivas en la prevención y
el combate al delito, estas deben estar conformadas por un personal
cargado de principios éticos y morales bolivarianos, probo y honesto,
respetuoso de los DDHH, con conciencia ciudadana y dispuesto a servir a
la comunidad. También en este aspecto, estoy seguro, lograremos superar
los escollos y dificultades que existen.
No solo debemos lograr la excelencia en los aspectos éticos. Como lo
he dicho en reiteradas oportunidades, los cuerpos policiales deben
ajustarse a lo que exigen las circunstancias actuales, cumpliendo las
funciones para las cuales fueron creadas. Aunque parezca redundante
afirmarlo, por ejemplo, para el CICPC, como su nombre lo indica, la
prioridad, es dedicarse a la investigación científica, penal y
criminalística, en la idea de lograr una alta eficiencia que contribuya a
disminuir sensiblemente el delito y la impunidad en el país. Para ello
es necesario concentrar su accionar en las tareas que le son propias,
descargándola de funciones preventivas (montaje de alcabalas,
patrullajes) o de custodia (guardaespaldas). Al combate de las
desviaciones delictivas y/o procedimentales de sus funcionarios, debemos
agregar la superación técnica y dotación logística, material y de
personal necesaria para hacerla más efectiva, así como la atención y el
mejoramiento de las prestaciones laborales y seguridad social de quienes
lo integran.
Otro aspecto a trabajar en el caso del CICPC es la reingeniería del
proceso formativo del personal, que parcialmente cubría el Instituto
Universitario de la Policía Científica (Iupolc), que posibilite
funcionarios altamente calificados en las diversas áreas y
especializaciones de su hacer diario. Con la anterior afirmación no
estoy echando por la borda la gran experiencia, disposición y
profesionalidad de los que actualmente laboran en esa institución;
simplemente se trata de sistematizar, profundizar y ampliar los
conocimientos existentes.
Es necesario prevenir que, increíblemente, tan importantes tareas
pudieran tener sus detractores y enemigos. Por un lado, están las mafias
y bandas delincuenciales interesadas en mermar la eficiencia del Estado
en materia de seguridad para seguir haciendo en el camino de crimen y
la impunidad. Por otro, existen personeros y grupos políticos que
apuestan y trabajan para el fracaso del reordenamiento policial
planteado, a fin de explotar las debilidades existentes y obtener
dividendos electorales. Incluso, no descartemos que ambos sectores, en
determinadas circunstancias, los veamos dándose un apretón de manos para
sellar su alianza macabra, y trabajen juntos potenciando su dañino
accionar. El dinero mal habido de la delincuencia, hace buena yunta con
politiqueros inescrupulosos y funcionarios corruptos. Para muestra lo
sucedido en México y Colombia. Por eso, es mejor poner las bardas en
remojo y apurar lo que tenemos pendiente.
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