5.419 aspirantes, 3% del total de admitidos, que tienen promedio
superior a 18 puntos, quedaron rezagados en la primera adjudicación de
cupos.
La Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios anunció que las ocho universidades que introdujeron ayer
un recurso de nulidad y una medida cautelar ante la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, para anular la decisión de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario de asignar entre 70% y 100%, no
tienen programado aún inscribir a los alumnos que admitió el Sistema
Nacional de Ingreso, hasta tanto el juzgado no decida sobre la medida.
“Los
consejos universitarios son los que tienen la competencia para decidir
sobre asuntos de ingresos; nadie nos puede decir: ‘usted los inscribe
hoy’. No se trata de excluir a nadie, sino de que se respeten los
planteamientos. Las universidades, a través de la Secretaría, escogen la
fecha de inscripción. Esto tiene que respetarse porque son
procedimientos internos y no se trata de una imposición”, expresó
Cecilia García Arocha, presidente de Averu y rectora de la Universidad
Central de Venezuela.
La garantía del
cupo de los estudiantes que ingresaron por prueba interna se está
discutiendo con los decanos para plantear las distintas alternativas que
aún no se han anunciado. Declarar un cierre técnico por falta de
presupuesto es una de las posibilidades que se está evaluando.
Por
mensaje de texto el CNU convocó el sábado 6 a los rectores de las
universidades públicas para discutir sobre el SIN, en una reunión
extraordinaria que se realizó ayer, pero no precisaron los puntos de la
agenda. Las autoridades universitarias de la ULA, UC, LUZ, UCLA, USB,
UNET, UPEL, UDO y UCV no asistieron a la convocatoria con el argumento
que en el último consejo nacional universitario realizado el 26 de mayo
el ministro ratificó que la decisión de adjudicar entre 70% y 100% de
los cupos ya estaba tomada, por lo que los rectores decidieron tomar
acciones legales y no debatir más el tema en el CNU.
Además
de los 181.333 cupos ya asignados, Ricardo Menéndez, ministro para la
Educación, Ciencia y Tecnología, informó que quedaban por asignar 79.000
cupos más. Posteriormente, en declaraciones ofrecidas el 8 de junio, se
anunció que el día de hoy se publicarán 20.000 nuevas asignaciones.
En
la reunión extraordinaria del CNU, a la que los rectores de 10
universidades no asistieron, el ministro explicó que 5.419 estudiantes
con promedio por encima de los 18 puntos no fueron asignados en la
primera adjudicación, por lo que podrán optar otra vez. Estos casos
fueron denunciados por algunos aspirantes. En el primer lote se
admitieron 13.968 alumnos con estos altos promedios en el bachillerato
que, sumados a los 5.419 que volverán a optar hoy a una carrera, llega
apenas a 10% de la cohorte con índice académico destacado.
El
ministro aseguró que los criterios para tomar las decisiones para
distribuir a los estudiantes en las universidades se tomará en cuenta a
los bachilleres con discapacidad y diversidad funcional, los casos en
los que se concentran poblaciones en situación de pobreza extrema,
jóvenes pertenecientes a poblaciones indígenas, además de los mejores
promedios de cada plantel, los destacados por mérito deportivo y
artístico, y los privados de libertad.
El
SIN cerrará el procesos de admisiones en septiembre, cuando en la
mayoría de las academias comienzan a inscripciones. “Este año, mientras
haya cupo, el Sistema Nacional de Ingreso no se cerrará”, dijo el
ministro.
García Arocha señaló que no
entregará la data de los admitidos por pruebas internas que el ministro
Fernández solicitó hasta tanto la OPSU no revele cuántos jóvenes
quedaron sin plazas a través del SIN.
Las
universidades Central de Venezuela, del Zulia, Carabobo, Oriente, Simón
Bolívar, los Andes, Centroccidental Lisandro Alvarado y la Experimental
del Táchira acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para consignar un
documento que pide se declare la nulidad de la resolución número 113
del CNU, del 16 de diciembre de 2014, que contiene las normas del
Sistema Nacional de Ingreso a la educación universitaria. En segundo
lugar solicitaron un amparo cautelar para que se suspendan los efectos
de las normas contenidas en la resolución, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva.
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