(Caracas, 12 de agosto de 2015) El Ministerio Público, a través de la
Fiscalía 23ª del estado Mérida, logró medidas precautelativas de
carácter ambiental para la demolición de 27 estructuras construidas
ilegalmente en la zona protectora del Parque Nacional Sierra de La
Culata, a la altura del sector Pico El Águila de la carretera
trasandina, en dirección Apartaderos-Timotes, municipio Rangel de la
referida jurisdicción.
A solicitud de la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control de ese estado andino acordó la demolición de los 27 kioscos levantados sin la permisología del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y también para cesar los daños que se han causado a los recursos naturales de la zona, conocida popularmente como El Collado del Cóndor.
En este caso, el Ministerio Público basó su petitorio en las disposiciones de la Ley Penal del Ambiente y el Código de Procedimiento Civil, respectivamente.
El mencionado tribunal, igualmente, ordenó a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Inparques, la Gobernación de Mérida y la Defensoría del Pueblo que garanticen los derechos humanos de los integrantes de la Asociación Cooperativa Nieves del Águila, quienes deberán ejecutar en lo inmediato el desmantelamiento de las estructuras.
Asimismo, Inparques tendrá que presentar en un plazo no mayor a 60 días un plan de saneamiento ambiental y de recuperación de estas áreas afectadas en la parroquia San Rafael de Mucuchíes.
A solicitud de la representación fiscal, el Tribunal 1º de Control de ese estado andino acordó la demolición de los 27 kioscos levantados sin la permisología del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y también para cesar los daños que se han causado a los recursos naturales de la zona, conocida popularmente como El Collado del Cóndor.
En este caso, el Ministerio Público basó su petitorio en las disposiciones de la Ley Penal del Ambiente y el Código de Procedimiento Civil, respectivamente.
El mencionado tribunal, igualmente, ordenó a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Inparques, la Gobernación de Mérida y la Defensoría del Pueblo que garanticen los derechos humanos de los integrantes de la Asociación Cooperativa Nieves del Águila, quienes deberán ejecutar en lo inmediato el desmantelamiento de las estructuras.
Asimismo, Inparques tendrá que presentar en un plazo no mayor a 60 días un plan de saneamiento ambiental y de recuperación de estas áreas afectadas en la parroquia San Rafael de Mucuchíes.
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