Paulatinamente los hechos, así como la
acción de los cuerpos de seguridad, han demostrado la importación de la
cultura paramilitar en nuestro país. Es un nefasto fenómeno sobre el que
hemos alertado una y otra vez, señalando además la vinculación de esta
plaga con un sector de la derecha venezolana. Las reiteradas denuncias
hechas por los bolivarianos sobre el tema han sido descalificadas por
la oposición, con el tonto argumento de que son “cortinas de humo” para
encubrir las deficiencias en materia de seguridad.
El paramilitarismo, cuya referencia más
cercana es el peligroso auge que tomó en la hermana república de
Colombia, si bien utiliza y se vale de prácticas delincuenciales para
lograr sus cometidos, se diferencia del hampa común por su vinculación y
obediencia a sectores o grupos políticos que luchan por el poder y/o
importantes intereses económicos. Con frecuencia, emplea sujetos de
amplia experiencia criminal para conformar sus filas, siguiendo
equivocadamente la máxima maquiavélica de El fin justifica los medios. También, tal como sucede en otros países latinoamericanos, es
común en este tipo de aberración la infiltración del Estado y, en
particular, de sus cuerpos de seguridad, conformando peligrosas
corporaciones, a traves del soborno, el chantaje y la compra de
conciencia, lo cual puede dificultar enormemente su erradicación.
Soy de la creencia que, en Venezuela, la
derecha habiendo sido derrotada varias veces en las fórmulas
conspiradoras tradicionales empleadas (sedición militar, magnicidio,
insurrección callejera, intervención extranjera, etc.) optó de manera
planificada por impulsar el paramilitarismo para derrocar al gobierno
revolucionario. A lo anterior se suma, en algunas zonas del país, la
componenda de facciones oligarcas para frenar los planes de
transformación y equidad social del gobierno revolucionario. Ejemplo de
esto último son las acciones paramilitares en contra de líderes y
activistas campesinos e indígenas que han luchado y luchan por la
distribución socialista de las tierras. En ambos casos, el de una
oposición derrotada durante 15 años en elecciones y el de poderosos
propietarios que se oponen a una sociedad igualitaria, el supremo
objetivo es el mismo más allá de las circunstancias temporales: la
restauración de un régimen de opresión y el derrocamiento del
compatriota Nicolás Maduro.
La captura de los asesinos de la
ciudadana Liana Hergueta, ya no presuntos sino confesos, evidencia sin
duda posible el diabólico cóctel partidos
opositores+paramilitarismo+tráfico de dólares+guarimbas+crimen. El
relato de los homicidas confirma las denuncias que los bolivarianos
venimos haciendo. No se trata, como intentan hacer creer los pocos
voceros opositores que se han referido al tema, de una “patraña” con
fines electorales del gobierno. Existen vínculos, nombres, fotos,
fechas, videos y confesiones voluntarias de los protágonistas que han
sido dilvulgadas; en ello no hay ningún cálculo de nuestra parte más
que establecer la verdad, resguardar la integridad de cualquier
compatriota sin importar su simpatía política y mostrar las
interioridades monstruosas del paramilitarismo a fin de seguirle
cortando el trote.
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