Ordenan en el Cicpc desarmar a empleados administrativos.
El comisario general José
Gregorio Sierralta, director de la policía judicial, ordenó que todo el
personal administrativo de esa organización sea despojado de sus armas
de fuego.
La orden correspondiente
fue emitida el jueves mediante una circular enviada a todas las
oficinas. Según el documento, los jefes de despachos en todo el país
deberán “retirar el arma de fuego de aquellos funcionarios policiales
que cumplan funciones netamente administrativas, que no compaginen con
la actividad policial”. Eso abarca a secretarios, archivistas,
transcriptores de datos y recepcionistas.
El
retiro del arma anteriormente asignada deberá hacerse “previo informe
motivado”, en el que se indiquen las razones de la decisión en cada
caso. Luego el arma deberá ser enviada a la División de Dotaciones
Policiales, en la que se decidirá su reasignación “a otro funcionario
que sí cumple funciones operativas”.
El documento suscrito por Sierralta exhorta a tomar estas decisiones “con la mayor responsabilidad y objetividad”.
Fuentes
del organismo indicaron que la incorporación de nuevos agentes y la
paralización en la adquisición de pistolas han ocasionado un déficit en
la dotación al personal operativo.
Anteriormente,
por razones de seguridad, se había ordenado que los funcionarios con
menos de cinco años de servicio entregaran sus armas reglamentarias al
finalizar la jornada laboral. Se consideraba que de esa forma se restaba
un atractivo para que los delincuentes atacaran a los funcionarios
mientras se encontraban francos de servicio. Pero las pistolas
continuaban asignadas a la misma persona.
Hurto de armas.
Cuatro soldados del Ejército fueron detenidos por el supuesto hurto de
41 armas que permanecían guardadas en el polvorín del fuerte Paramacay
en Monagas.
Fueron privados de
libertad Ángelo Pérez, Gustavo Reyes, Nixi Ramos y José Henríquez, todos
adscritos a la referida unidad castrense.
La
denuncia correspondiente fue consignada el miércoles por el coronel del
Ejército Ángel Luis Ballestero, quien solicitó el traslado de una
comisión policial a la sede de la Brigada 32 Caribe de la referida
instalación militar, en la que está un depósito de la Dirección de
Armamento.
Las armas sustraídas
habían sido decomisadas en distintos procedimientos y estaban en
custodia durante la fase previa a su destrucción.
De
las armas sustraídas solamente fueron recuperados dos revólveres e
igual número de pistolas, que permanecían escondidas en una vivienda de
dos civiles cómplices. Los funcionarios fueron interrogados y
simultáneamente se inspeccionaron los medios de protección del almacén
de armas. Las cerraduras no fueron violentadas.
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