(Caracas,
19 de enero de 2016) El Ministerio Público logró privativa de libertad
para Hassan Hussein Abboud (61), Jaber Mohamed Abboud (30) y Rawia
Ismail De Saheli (44), quienes fungen como accionistas de la empresa
Asociación Cooperativa Venesu, por estar presuntamente vinculados con
actos de corrupción durante la gestión del alcalde del municipio Caroní
del estado Bolívar, José Ramón López.
Los dos hombres y la mujer fueron beneficiarios de varios contratos
adjudicados por la municipalidad, en los que se habrían incumplido con
las normas y procesos regulares estipulados en la Ley de Contrataciones
Públicas.
En
la audiencia de presentación, los fiscales 11ª, 55ª nacional y 4ª de
esa jurisdicción, Uni Helen Urrieta, Maryaholga Daboín y Mayerling
Acosta, respectivamente, imputaron a las personas bajo la presunta
comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de
funcionario con contratista en grado de cooperadores inmediatos.
Dichos tipos penales se encuentran previstos y sancionados en Ley Contra la Corrupción y el Código Penal.
Al
respecto, el Tribunal 5º de Control del estado Bolívar, con sede en
Puerto Ordaz, luego de evaluar los elementos de convicción y a solicitud
del Ministerio Público, dictó la medida privativa de libertad para los
accionistas y ordenó su reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin), en San Félix.
Adicionalmente,
la referida instancia judicial ordenó el aseguramiento de sus bienes,
el bloqueo de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y
gravar bienes de los imputados.
Las
tres personas fueron detenidas el pasado sábado 17 de enero en la
urbanización Moreno de Mendoza ubicada en San Félix, por funcionarios
del Sebin en virtud de una orden de aprehensión solicitada por los
fiscales del caso.
Tras
varias diligencias de investigación coordinadas por los representantes
del Ministerio Público, se logró vincular a los imputados con varios
contratos adjudicados por la Alcaldía de Caroní, los cuales no
cumplieron con las normas y procesos regulares estipulados en la Ley de
Contrataciones Públicas.
Por este mismo caso, el burgomaestre, José Ramón López fue acusado por
la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto
de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios.
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