El Ministerio Público acusó a los exfiscales 38° nacional encargado y
auxiliar, Edgar José Angulo Betancourt y Richard Gregorio Daal Colina,
respectivamente, por presuntamente haber solicitado 800 mil dólares a un
privado de libertad a cambio de iniciar el juicio que se sigue en su contra, el
cual había sido diferido en varias oportunidades.
Los fiscales
nacionales 11ª auxiliar y 51ª, Estefani Sosa y Marijosé Frutillé,
respectivamente, acusaron a los abogados por los delitos de extorsión y
asociación para delinquir.
En el escrito
presentado ante el Tribunal 4° de Control del AMC, las representantes del
Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento
de los antes mencionados y que se mantenga la medida privativa de libertad
contra Angulo Betancourt y Daal Colina, quienes permanecen recluidos en la sede
de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleita.
En su oportunidad, por
este caso fueron imputados el funcionario acreditado de la Dgcim Jackson
Alejandro González Vargas y la secretaria del Tribunal 6° de Juicio del Área
Metropolitana de Caracas (AMC) Leisy Cristina de Farías Tabares, por su
vinculación con el hecho.
En
el caso de González Vargas mantiene medidas cautelares, consistentes en la
presentación de periódica cada 30 días; mientras que Farías Tabares tiene
presentación periódica cada 60 días ante el referido juzgado, en virtud de
encontrarse en avanzado período de gestación.
La investigación inició el 05
de abril del presente año, cuando el abogado del privado de libertad denunció
en la sede del Ministerio Público que los fiscales de la institución le
solicitaron 800 mil dólares a su representado a cambio de no continuar difiriendo
el juicio para evitar que le dieran algún beneficio procesal.
González
Vargas, quien se desempeña como gerente de seguridad de un hotel en Caracas,
habría coordinado una reunión entre los fiscales y el abogado de la víctima en
el citado establecimiento, donde se hizo la solicitud del dinero.
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