La abogada Norma Amira Djermanos Ruiz, señalada como integrante de una banda de sicarios capturada en el estado Guárico, se desempeñó como directora de fiscalización de Indepabis en 2009 y tuvo una participación destacada durante el procedimiento que llevo al decomiso de vehículos marca Toyota acaparados y al enjuiciamiento por usura del entonces accionista de Globovision, Guillermo Zuloaga.
Así lo indica una reseña del programa de televisión "Dando y dando" (que conducía la periodista Tania Díaz) donde la funcionaria explicó que se encontraron irregularidades en un documento de arrendamiento de la vivienda de la urbanización Los Chorros donde se ubicaron los vehículos y con el que se pretendía justificar la presencia de los mismos en el lugar.
Asimismo durante el allanamiento a la quinta La Cerradura, practicado la noche del jueves 21 de mayo, se puede apreciar a Djermanos al lado del entonces director general del Cicpc, comisario Wilmer Flores Trosel, y participando activamente en la acción.
En el procedimiento funcionarios del Cicpc, Indepabis, el Instituto de Tránsito Terrestre, Seniat y el Ministerio del Comercio encontraron unos 24 vehículos importados del año 2009.
La actuación gubernamental trajo como consecuencia el procesamiento judicial de Zuloaga y de su hijo, quienes huyeron del país a mediados de 2010 para evitar someterse a una medida de privación de libertad. Tras la fuga, que culminó en el estado de Florida en EEUU, el empresario pidió asilo en esa nación alegando ser víctima de persecusión politica.
Llama la atención que al menos tres de los funcionarios que tuvieron una actuación protagónica en el caso han sufrido graves perturbaciones en sus vidas. En junio de 2012 fue asesinado Ragid Samán, hermano de quien era el ministro de Comercio para la fecha del procedimiento, Eduardo Samán. Mientras que en junio de este año falleció el director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel, como consecuencia de un cáncer hepático. Y ahora aparece ligada a un grave delito quien actuó como responsable de la operación por parte del organismo de defensa del usuario, Indepabis, Amira Djermanos.
Una banda de sicarios
La versión sobre la captura de Djermanos comenzó a circular insistentemente el pasado domingo en medios digitales y redes sociales a partir de una nota de prensa publicada en la pagina web de la Guardia Nacional Bolivariana. Si bien no se ofrecían los nombres de los detenidos, sí se daban datos que podrían permitir relacionar al menos a la abogada.
Se suministraron las placas de los vehículos involucrados y se aludía al grupo como la banda de “Los Ruiz”. Finalmente los nombres fueron filtrados y a partir del momento estalló un escándalo debido a que la mujer era gerente de la estatal de electricidad Corpoelec y además miembro suplente de su junta directiva.
Además se divulgaron mensajes producidos en forma centralizada que exponían una estrecha relación de Djermanos con el ministro de energía eléctrica y presidente de Corpoelec, el mayor general Luis Motta Dominguez.
Este lunes el periodista Eligio Rojas publicó en el diario Últimas Noticias una versión con detalles sobre el caso. Informó que los apresados, además de la abogada, son Luis Rafael Camilo y Jacinto Antonio Lombardi Reyna. Fueron detenidos el pasado miércoles 14 de este mes, día en que Camilo le habría disparado en tres ocasiones a María Eugenia Sojo Alves, una licenciada en Enfermería de 40 años de edad. Sojo Alves se encontraba cerca de la plaza Bolívar de Ortiz, recogiendo a sus hijos quienes estaban en tareas dirigidas, según relato de sus familiares.
El hombre abordó una Toyota Hilux placas A46CN4V, color gris, donde estaban los otros dos integrantes del grupo, y en la huida chocaron contra un mototaxista. Y como no se detuvieron para socorrerlo los compañeros de éste persiguieron la camioneta por la carretera nacional hasta que en Dos Caminos la GNB los detuvo.
El pasado viernes los tres detenidos fueron imputados ante el Tribunal 2° de Control de San Juan de los Morros. A Camilo lo imputaron como autor de homicidio calificado con premeditación y alevosía en grado de frustración en perjuicio de la enfermera; de cómplice necesario para la ejecución del delito a Jacinto Antonio Lombardi Reyna, mientras que Amira le achacaron la autoría intelectual del crimen.
Además, a los tres les imputaron posesión ilícita de arma de fuego y agavillamiento. Fueron recluidos en el Centro para Procesados “26 de Julio” ubicado en la capital guariqueña.
Según la versión reflejada, el grupo quería liquidar a la enfermera porque su papá, Bernardo Sojo Nieves (74) le ganó a la madre de Amira una demanda por unas tierras del asentamiento campesino “Guaitopo” ubicado en el sector Río Verde de Ortíz (Gua).
Sojo fue asesinado de cinco tiros en la espalda que le asestaron el pasado 13 de julio dentro de su negocio de quesos situado en Ortiz. Ese crimen también se lo atribuyen oficiosamente al grupo, quienes presuntamente poseían influencias en el sistema de justicia y algunos organismos policiales regionales.
También en los registros judiciales hay un caso de 2014 donde Sojo aparece como imputado por el delito de intento de agresión sexual en perjuicio de Ida Ruiz, madre de la abogada ahora imputada.
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