Con boletas de liberación donde estamparon firmas falsas, efectivos del Ejército venezolano intentaron desviar la investigación sobre la desaparición de 12 hombres aprehendidos en una zona rural al este Caracas a mediados de octubre y que finalmente fueron localizados este fin de semana en fosas comunes.
El dato lo reveló Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de defensa de derechos humanos que acompañó la denuncia que formularon los familiares de los detenidos en varias comunidades del municipio Acevedo del estado Miranda.
Explicó que, de acuerdo con las pesquisas coordinadas por el Ministerio Público, el propio comandante del 323 batallón de “Caribes” (fuerzas especiales) del Ejército, José Ángel Rojas, aseguró que los 12 desaparecidos habían sido puestos en libertad y mostró una serie de documentos en los que supuestamente aparecían las firmas de los hombres.
Sin embargo la investigación determinó que habían sido forjadas y que testimonios de familiares indicaban que varios de los detenidos eran analfabetas y no poseían señas autográficas.
La operación ejecutada por los militares tenía como propósito enfrentar una grave situación de inseguridad que se registra en la región desde hace varios años donde ocurren secuestros y homicidios con la actuación de bandas paramilitarizadas. En tal sentido el jefe militar alego que probablemente los hombres habían sido capturados y asesinados por las bandas a las que presuntamente pertenecerían.
Roldán, en entrevista con LaTabla.com, explicó adicionalmente que los hombres asesinados son jóvenes de familias pobres de distintas poblaciones y que no se conocían entre ellos. Esta aseveración descarta que estuvieran organizados en una estructura delictiva.
Cabe precisar que la región donde ocurrieron los hechos es conocida como Barlovento donde históricamente se asentaron haciendas de producción de cacao cuya explotación se hizo con esclavos africanos, por lo que su base poblacional y su cultura es afro o negra.
El área, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas, ha perdido su perfil agroproductor y le dió paso a actividades turística por su cercanía con la zona costera aunque estas tampoco han logrado generar fuentes de empleo estables.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en un comunicado distribuido ayer precisó que “la organización que tiene más de 30 años denunciando delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.”
Relata que la madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se lo llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí.
El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar, continúa.
Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo, puntualiza.
Este es el resto del texto del comunicado:
La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades.
Los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados.
No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos.
La Red de apoyo continuará acompañando a los familiares y estará atenta para que todas las investigaciones y demás acciones judiciales y extrajudiciales se realicen con la mayor transparencia y celeridad para la búsqueda de justicia, especialmente que:
1. Se lleve a juicio a los responsables de tales hechos, para obtener sanciones penales efectivas.
2. Se garantice que los funcionarios responsables sean sancionados administrativamente por el Ministerio de la Defensa.
3. El Estado brinde la atención psicológica y psicosocial a los familiares afectados, tal como se contempla en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
4. Se otorgue la indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados a los familiares de las víctimas, después de tan doloroso y traumático hecho.
5. La máxima autoridad castrense, pida públicamente perdón a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios adscritos al componente del Ejército Venezolano.
6. El Estado coordine con las comunidades de los diversos sectores del eje Barlovento del estado miranda, acciones concretas, efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, debido al auge de las acciones delictivas en la zona.
7. Se refuerce, con carácter de urgencia, la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana.
8. Se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos.
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