La aerolínea Lamia anunció este jueves que iniciará los trámites ante su aseguradora para poder indemnizar a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos en el accidente del avión que transportaba al club brasileño de fútbol Chapecoense y que se estrelló el pasado 28 de noviembre en Colombia.
El monto de indemnización para cada víctima es de 165.000 dólares, según lo establecido en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, explicó) el abogado de Lamia, Néstor Higa.
Las solicitudes de indemnización deben efectuarse en las oficinas de Lamia en Santa Cruz adjuntando los documentos que correspondan según el caso (fallecidos o heridos), indicó.
El jurista dijo que en el caso de las víctimas de nacionalidad brasileña se requiere la declaratoria de herederos y certificados de defunción traducidos al castellano y legalizados en el Consulado boliviano en Brasil.
Según Higa, la línea aérea ya estableció contacto con la empresa aseguradora, aunque para continuar con el trámite primero deberá tramitar ante la Fiscalía boliviana la devolución de ciertos documentos que fueron confiscados por los investigadores durante el allanamiento de las oficinas de Lamia la semana pasada.
También pidió que el Ministerio Público quite los precintos de seguridad que colocó en las oficinas de la aerolínea para que el personal pueda atender estos requerimientos.
El avión de Lamia, en el que viajaban futbolistas y dirigentes del Chapecoense, además de periodistas y tripulantes, se estrelló el pasado 28 de noviembre cerca de la ciudad colombiana de Medellín presuntamente tras quedarse sin combustible.
En el siniestro murieron 71 de los 77 pasajeros del avión y sobrevivieron tres futbolistas, dos tripulantes y un periodista.
Dentro de las investigaciones en Bolivia, la semana pasada fue encarcelado el director general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, acusado por diversos delitos, entre ellos el de homicidio culposo.
También fue enviado a prisión su hijo, Gustavo Vargas Villegas, quien siendo director de Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó en 2014 la importación y matrícula provisional del avión de la aerolínea.
El Ministerio Público también imputó al director de Operaciones de Lamia, Marco Antonio Rocha Venegas, y a la ex técnica aeronáutica Celia Castedo, quien hizo un informe sobre las irregularidades en el plan de vuelo del avión en el aeropuerto cruceño de Viru Viru antes de que despegase.
Rocha salió del país hacia Paraguay días antes del accidente, mientras que Castedo, quien pidió refugio en Brasil, ha denunciado que fue objeto de presiones de sus superiores en la entidad de administración aeroportuaria donde trabajaba para cambiar el contenido de su informe.
La Fiscalía prevé citar a declarar en los próximos días a autoridades y ex funcionarios de la DGAC.
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