Gobernador de Miranda es investigado en torno a seis presuntas irregularidades

La presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda (CLBEM), Aurora Morales, manifestó que se encuentran a la espera de la investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República, en torno a Henrique Capriles Radonski y varios funcionarios de la gobernación, por presuntas irregularidades administrativas en manejo del presupuesto de la entidad en 2016.

Desde la sede del Consejo Legislativo en Los Teques, estado Miranda, Morales reiteró que “Henrique Capriles, no cumple con responsabilidades constitucionales a las que se debe como gobernador”. Indicó que esta acción lo ha llevado a incurrir en irregularidades, y “la Contraloría del Estado debe investigar tal cómo hace con todo funcionario público que sea cuentadante, o que pudiera tener alguna irregularidad administrativa”.

La legisladora, precisó que “el gobernador está expuesto y tiene conciencia sobre este tipo de investigaciones, porque son normales y son cotidianas por parte de la contraloría del estado Miranda”. Rechazó las palabras ofensivas del gobernador del estado Miranda, hacia la Contraloría General de la República y sus funcionarios, a quienes llamó “parapolíticos, sin asumir la responsabilidad que él pudiera tener con el estado Miranda y el país”, dijo Morales.

Precisó que Capriles Radonski está y tiene todo el derecho a la defensa. Tiene derecho a apelaciones y a recurrir a otras instancias. Precisó que el Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Miranda “ha hecho todo el trabajo contralor sobre la gestión de Henrique Capriles, y se ha denunciado cada vez que incurre en algún error que afecte los intereses de los mirandinos”.

Aurora Morales detalló seis puntos que la Contraloría está investigando, entre ellos la reconducción del presupuesto; una presunta donación de la embajada de Polonia y de Gran Bretaña a la gobernación de Miranda; contratos con el canal de televisión privado Venevisión; contratos sin fianzas; pagos de anticipos a servicios funerarios, y un sexto punto en materia publicitaria sobre campañas electorales pagadas desde la gobernación.

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