Durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio Público, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, mostró sus objeciones con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que, en su opinión, “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del Orden Constitucional”.
“Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del Orden Constitucional”.
Indicó Ortega Díaz que “es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Sobre todo, considerando que todas y todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999, logramos generar este contrato social, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Como se recordará, la sentencia 155 de la Sala Constitucional, emitida el pasado martes, señala que la inmunidad parlamentaria de las y los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También brinda al Presidente Nicolás Maduro una serie de atribuciones excepcionales para revisar leyes, tales como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar.
La sentencia 156 de la Sala Constitucional, emitida el miércoles, señala que dicho ente ejercerá las competencias del Parlamento venezolano mientras continúe la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Sectores políticos opuestos al Presidente Nicolás Maduro y una parte de la comunidad internacional han señalado que esta sentencia constituye un supuesto golpe de Estado o autogolpe.
Continuó Ortega Díaz que “ustedes recordarán, mujeres: todos los grupos de cultura, indígenas, todos participaron de esta constitución en 1999. el Presidente Chávez fue el impulsor de esta Constitución. Fue un proceso abierto, popular, participativo y protagónico del pueblo venezolano. Fue el pueblo quien, a través de un referendo consultivo, aprobó esta Constitución. Todos aprobamos esta Constitución”.
Finalizó diciendo que, “como máxima representante del Ministerio Público y en nombre de los casi 10 mil funcionarios y adicional, los casi 3 mil fiscales que ejercen en forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. A que se debata de forma democrática y respetando las diferencias. Conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la voluntad de vida que reclama la población”.
Contra la injerencia extranjera
Previamente, la Fiscal General de la República también se manifestó en contra de cualquier injerencia contra el país. “Quiero expresar contundentemente que Venezuela es un país soberano. Que los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera”, dijo pidiendo leer el preámbulo de la Constitución y su artículo 1. “Yo estoy en contra de cualquier injerencia y hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela”, añadió.
Al comienzo de su intervención en la presentación de la Memoria y Cuenta, Ortega Díaz señaló que “no podemos desconocer que actualmente existe en el país una lamentable pugna institucional, que compromete la realización de los fines del Estado. Los fines del Estado no es otra cosa que la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y la promoción y prosperidad y bienestar del pueblo. Así que yo he decidido presentar el informe anual del Ministerio Público desde nuestra sede, esta sede de justicia, desde esta casa de justicia; para así llamar la atención de todos los actores políticos, sociales e institucionales sobre la imperiosa necesidad de trabajar armónicamente para asegurar la paz y el estado de derecho”.
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