A solicitud del Ministerio Público, fueron privadas de libertad seis transcriptoras de datos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), por presuntamente cobrar dinero a cambio de otorgar cédulas y pasaportes venezolanos a personas de origen sirio, sin cumplir con los trámites correspondientes.
Dicha situación fue denunciada el 27 de marzo de este año por la Inspectoría General de ese organismo.
En la audiencia de presentación, el fiscal 56° nacional, Jhonny Mendoza, imputó a Jethaimet Wiher Blanco (31), Isamar Gutiérrez Campos (26), Chery Del Carmen Perdomo (36), Lilian Irene Castillo (41), Mariannys Peña Rivera (27) y Yamilet Galvis Chacón (45) por los delitos corrupción propia, acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos, otorgamiento irregular de documentos de identificación y asociación para delinquir.
Esos tipos penales están previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción y Especial contra los Delitos Informáticos; así como las leyes orgánicas de Identificación, y contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.
El Tribunal 24° de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad contra las seis mujeres, quienes permanecerán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Adicionalmente, a solicitud del representante del Ministerio Público, la referida instancia judicial acordó el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes e inmuebles de las imputadas.
La investigación inició el aludido día, tras una denuncia consignada por la Inspectoría General del Saime, mediante la cual señalaban que las funcionarias cobraban 5 mil dólares a cambio de otorgar documentos de identificación a personas extranjeras, vulnerando así los canales administrativos para el mencionado trámite.
Por esta razón, las seis transcriptoras fueron aprehendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal y acordada por el tribunal.
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