Luego de conocerse la identidad de los presuntos homicidas de Pedro Hilario Pantoja, de 59 años de edad, quien se desempeñaba como mensajero para una conocida empresa en la ciudad de Valencia, una furia vecinal destruyó por completo la edificación, donde residían los sospechosos en San Jacinto al este de la ciudad de Maracay.
De acuerdo a los datos recabados en su debida oportunidad, el señor Pantoja, quien habitaba en la urbanización Caprotana, se trasladó a ese sitio, ubicado a las orillas de la canal de aguas servidas en San Jacinto, zona limítrofe con Mariño, donde compartió unos tragos con quienes fueron sus victimarios.
Al percatarse del extravío del teléfono, el mensajero estableció contacto con uno de los individuos y le solicitó que le devolviera su equipo de comunicación. De tanto insistir, uno de los sujetos le respondió que fuera a buscarlo en su momento.
Y en la noche del día lunes 20 de mayo, se dirigió a la residencia, y es en ese momento cuando los implicados le asestaron un golpe en la cabeza con un tubo. Con el pasar de las horas, el cadáver entró en proceso de descomposición.
Para borrar evidencias entre la noche del martes y la madrugada del miércoles lo arrastraron hasta debajo de un inmenso árbol y procedieron a quemarlo.
Horas más tarde los parientes se acercaron al lugar y observaron una columna de humo. Motivados por la curiosidad se apersonaron a la hoguera y su mayor sorpresa fue encontrarse con un cadáver.
Trozos de las prendas de vestir, alertaron a los parientes que la víctima era el señor Pantoja. La denuncia se canalizó ante la jefatura de homicidios de Maracay.
Luego se dirigió una comisión del Cicpc y transcurridas unas horas, los sospechosos ya estaban identificados. Se trata de María Maira Caldera, de 42 años de edad, dueña de la casa, y su hijo Alejandro Caldera, de 18 años, así como dos adolescentes, de quienes se reservan sus identidades por cuestiones de ley.
Los presuntos homicidas fueron presentados ante un tribunal del Circuito Judicial y en el desarrollo de la audiencia, el juez de la causa dictó privativa de libertad, ordenando su encierro en los calabozos del Cicpc mientras se canaliza su traslado a la población penitenciaria en Tocorón del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua.
Con el pasar de los días, la comunidad completamente enardecida se trasladó a la residencia, donde roció de gasolina todos los enseres electrodomésticos de la señora María Caldera.
La situación no terminó ahí sino que los habitantes derribaron todas las paredes de la casa e incluso se llevaron el techo. Todo quedó convertido en ruinas y miseria. La acción de un robo de un celular y una moto terminó en una pesadilla de dolor y sufrimiento. No midieron las acciones y hoy se observa en ese escenario es desolación y tristeza, en resumen de cuentas vale indicar que el crimen no paga.
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