A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad el director y otros ocho funcionarios de la policía municipal de Anaco, por presuntamente haber incurrido en tratos crueles contra detenidos que permanecen en la sede de este organismo.
Tal situación fue detectada el pasado 20 septiembre, luego de la difusión de un video por las redes sociales con imágenes en las cuales aparecen un grupo de hombres acostados boca abajo y desnudos en un patio.
Igualmente, el audiovisual muestra que uno de los reclusos fue golpeado con una tabla por un efectivo policial.
Luego de varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y efectuadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se logró determinar la responsabilidad de los policías municipales en los hechos.
En consecuencia, los nueve funcionarios fueron detenidos el 4 de octubre por el Cicpc en atención a una orden de aprehensión.
Durante la audiencia de presentación, representantes de las fiscalías 14ª y 19ª de la referida jurisdicción imputaron ante el Tribunal 3º de Control de Anzoátegui a los oficiales José Fernández, Jackson Guevara, Carlos Aray Solórzano como autores en el delito de trato inhumano y como coautores en el delito de trato cruel.
Por su parte, los oficiales José Fernández, Ángel Villarroel, Elioner Chacín y Manuel Puertas quedaron Imputados por el primer tipo penal y como colaboradores en el segundo delito antes mencionado.
Asimismo, los representantes del Ministerio Público imputaron al director del aludido cuerpo policial, comisionado Hernán Rafael Díaz Blanchard, y al jefe de actuaciones policiales, supervisor Ángelo Venturella, como colaboradores en el delito de trato cruel y coautores en delito de trato inhumano.
Sin embargo, el tribunal desestimó los mencionados tipos penales contra Díaz Blanchard y Venturella, y los imputó por ser cómplices no necesarios en los delitos de trato cruel y trato inhumano.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los fiscales del caso, la mencionada instancia judicial dictó la medida de privativa de libertad para el directivo policial y los otros efectivos de seguridad, quienes permanecen recluidos en las sedes de las policías del municipio Bolívar (Barcelona), y del municipio Freites (Cantaura).
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