Más de 100 muertos ha dejado la represión a las protestas populares que en las últimas semanas se han escenificado en países de Nuestramérica como Bolivia, Chile, Ecuador y Haití.
Las revueltas se han desarrollado en distintos escenarios de los países antes mencionados, pero con un solo fin: protestar Gobiernos neoliberales y de facto que siembran terror y desigualdad en sus naciones.
En el caso de Bolivia, el pueblo tiene nueve días en las calles, luego que los militares y policías consumaran un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. El saldo, hasta los momentos, es de 23 fallecidos, 715 heridos y 503 detenidos.
Por su parte en Ecuador, cuyo mandatario Lenín Moreno traicionó el proyecto de la Revolución Ciudadana que emprendió su antecesor y exaliado, Rafael Correa, no es muy diferente.
En esa nación la violencia de los cuerpos militares contra la población fue de 11 muertos, mil 304 heridos y mil 152 detenidos.
Chile es otra de las naciones suramericanas que se ha visto convulsionada por las protestas populares contra el neoliberalismo, que ha dejado en ese país grandes índices de desigualdad y pobreza.
El saldo de la actuación de carabineros y militares ha sido de 22 fallecidos, dos mil 200 heridos, muchos de ellos quedaron ciegos o perdieron un ojo.- Más de seis mil personas han sido detenidas, entre ellos muchos niñas y niños.
Haití también entra en lista de pueblos que decidió manifestarse contra los Gobiernos neoliberales y corruptos, sin embrago estas protestas han sido silenciadas por la prensa hegemónica.
En la isla caribeña han fallecido, hasta los momentos, 77 personas, 219 han sido heridas y 315 fueron detenidas.
Lo que ocurre en estos países suramericanos parece no suceder para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidoas (ONU), Michelle Bachelet, quien no ha mostrado ni un pequeño asomo de preocupación por lo que ocurre en estos lugares, especialmente Chile, de donde es oriundo y fue presidenta en par de ocasiones.
Lo que si le preocupa a Bachelet, y mucho, es exigirle al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que permita y respete las manifestaciones, según ella, “pacíficas” de la ultraderecha y que son dirigidas por el supuesto presidente encargado Juan Guaidó.
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